Eduardo Sánchez
Corría el año 2009 cuando un violento episodio producido en instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy saltaba a los titulares de los medios nacionales por cuanto eran objeto de un “escrache” los entonces titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Leandro Despouy; el senador nacional Gerardo Morales y el vocal de la AGN Alejandro Nieva, y todo conducía a señalar a la dirigente social Milagro Sala como promotora de este ataque en el que hubo daños a las oficinas de la calle Santibáñez y amenazas a los funcionarios.
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Por este hecho fue llevada a juicio la líder de la organización Tupac Amaru y la más reciente novedad producida en la causa fue la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal de Jujuy, Mario Juárez Almaraz, Alejandra Cataldi y Liliana Snopek, que rechazaron un pedido de prescripción de la acción penal por daño agravado y amenazas coactivas impulsado por la defensa de Sala.
En esta causa el actual gobernador Morales es querellante, por lo que conocido el pronunciamiento de los magistrados presentó a través de sus abogados un pedido para que, finalmente, la exlegisladora sea condenada a una pena de cumplimiento efectivo de siete años de cárcel, es decir que combine los tres años en suspenso a los que había sido condenada en su momento por el delito de daños agravados, más cuatro años por amenazas, que es la pena máxima para este delito, indicaron abogados del mandatario.
Actualmente Sala permanece en su casa del barrio Cuyaya cumpliendo arresto domiciliario, por lo que Morales pidió que sea trasladada a la cárcel federal de la ciudad salteña de General Güemes, 78 km al sur de San Salvador de Jujuy.
“SALA ES UNA PRESA POLÍTICA”
“Este fallo mata el relato de que Sala es una presa política, ya que es una delincuente condenada y así lo ratificaron la Justicia Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo el diputado provincial Luciano Rivas, quien en su carácter de abogado integra la querella junto a los letrados Daniel Vivas y Enrique Vergara.
Relatando los últimos tramos de este proceso, describió que “la defensa de Milagro Sala utilizó un mecanismo jurídico para procurar la impunidad de la imputada, que es la figura de la prescripción, que fue refutada por la querella”.
Profundizando en esto, añadió que “el Tribunal Oral Federal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa de la condenada, puesto que intentó una chicana procesal a los efectos de procurar su impunidad y eludir de esta manera lo ordenado por la Justicia, que no es otra cosa que cumplir la condena de la cual fue encontrada culpable”, sostuvo Rivas.
Ahora, ya con el efectivo rechazo del Tribunal Oral Federal a aquel pedido de prescripción, Rivas consideró “inminente el traslado de la condenada a una unidad carcelaria federal, puesto que así lo establece la ley”, al tiempo de consignar que “a los tres años de condena oportunamente dictada se deberían sumar otros cuatro años ya que Sala es penalmente responsable de los delitos que se le imputan”.
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Señaló asimismo Rivas que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación también confirmó el fallo de la Cámara de Casación” y apuntó que “la querella requirió se efectivice la condena de prisión en una unidad penal federal, en este caso la unidad carcelaria federal de la ciudad de Güemes, en Salta”.
“La Justicia funciona”, destacó el abogado, para finalmente subrayar que “el Tribunal Oral Federal debe dictar sentencia y dar cumplimiento cuanto antes a lo dispuesto por sus órganos superiores”.