Leonardo Fernández Acosta
La Corte Suprema de Justicia le dio tres días al gobernador Gildo Insfrán para que informe sobre el centro de aislamiento que funcionaba en el estadio Cincuentenario, si sigue funcionando y si el Gobierno piensa volver a utilizarlo.
El pedido no es casual ya que es en ese lugar donde se dieron varias situaciones de violaciones a los derechos humanos, entre ellas hacinar 300 personas con dos baños, tenerlos con las luces prendidas todo el día y además se mezclaban pacientes con COVID positivo con otros que ni siquiera tenían los resultados del hisopado.
La Corte también le solicitó informe sobre otros centros en la provincia que tengan las mismas condiciones que el estadio Cincuentenario y consultó si se cumplen los protocolos para la protección de los derechos humanos que, “deben respetar las autoridades provinciales que controlan y aplican la regulación sanitaria, incluso respecto de quienes cumplan cuarentenas domiciliarias”.
El máximo tribunal le solicitó al estado provincial que aplique las políticas necesarias para el control y la prevención de la propagación del coronavirus, “con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos” y se refirió al deber que pesa sobre los tribunales de todo el país, “en el marco de sus respectivas competencias, de brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido ya vulnerados”.
Las denuncias por violaciones a los derechos humanos contra el gobierno de Formosa, ya transitan cortes internacionales y es la segunda intervención directa de la Corte Suprema de Justicia sobre la provincia, la primera fue la orden de dejar ingresar a más de 8 mil formoseños varados. Ahora pide informes y podría ser un paso previo a una definición sobre las competencias federales o provinciales sobre políticas sanitarias, cuestión sobre la cual, la Corte todavía no se ha expedido.