El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, puso en marcha un plan de emergencia para afrontar la drástica caída de los recursos de la Ciudad frente a la crisis que desató el avance de la pandemia del coronavirus: la estrategia contempla reducciones salariales, el freno de obras y la postergación de pagos a proveedores, y otras acciones para ampliar los recursos públicos.
La iniciativa se materializó en un proyecto de ley que anoche se presentó en la Legislatura porteña y que oficialmente busca declarar la "Emergencia Económica y Financiera" hasta el 31 de diciembre de 2020. Es una versión a medida de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva con la que el presidente Alberto Fernández adquirió apenas llegó al poder facultades especiales para moverse en la debacle económica y conseguir margen de acción para empezar a negociar la reestructuración de la deuda.
Pero en la Ciudad, fue la grave situación que se produjo durante la cuarentena obligatoria por el coronavirus la que instaló la necesidad de recurrir a medidas extremas. Por lo pronto, según supo Vía País, Rodríguez Larreta emprendió este camino con el aval del presidente Fernández y con el respaldo de los legisladores del Frente de Todos, con quienes analizó los detalles de la medida antes de presentarla públicamente el pasado miércoles.
“Vamos a plantear una medida de emergencia para la reorganización de las cuentas públicas de la Ciudad, para poder garantizar los recursos necesarios en esta emergencia”, remarcó el mandatario porteño al presentar el proyecto.
La estrategia se basa en tres acciones simultáneas: la primera tiene que ver con el proyecto de ley de Emergencia Económica ya enviado a la Legislatura, que incluye acciones que alcanzan a los tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires, a los organismos descentralizados y a las Comunas.
La segunda se refiere a la utilización de instrumentos de financiamiento como lo son las dos leyes ya aprobadas por la Legislatura porteña: la autorización para solicitar un préstamo por hasta 150 millones de dólares y la ampliación del bono a proveedores por otros 9 mil millones de pesos.
Y la última apunta a la reorganización interna del Gobierno de la Ciudad, enfocada en la reorientación del presupuesto y en la gestión de los Recursos Humanos.
"Estamos tomando una cantidad grande de medidas que tienen que ver con flexibilidades presupuestarias, acceso al financiamiento, poder adelantar impuestos, poder reorganizar todos los equipos de trabajo de la Ciudad, siempre dándole prioridad a los temas sanitarios y sociales", repasó Rodríguez Larreta.
Las reducciones salariales como "aporte voluntario"
El proyecto que elaboró el referente del PRO incluye una cláusula para que los representantes de los tres poderes del Estado de la Ciudad hagan un "aporte voluntario" del 25% de sus sueldos para transitar la crisis que se desató con la propagación del coronavirus.
El plan de emergencia que ahora será analizado en el Poder Legislativo indica que, en el caso del Poder Ejecutivo, el aporte voluntario será del 25% y esa colaboración se mantendrá por tres meses a partir de mayo. La disposición alcanzará Rodríguez Larreta, y a su Vicejefe, al Jefe de Gabinete, a las Ministras y Ministros, y a las Secretarias y Secretarios.
“En cuanto al Poder Judicial de la Ciudad, las y los representantes del Consejo de la Magistratura, Tribunal Superior de Justicia y los Ministerios Públicos Fiscal, Tutelar y de la Defensa impulsarán un proyecto conjunto de aportes voluntarios de hasta el 25% de los salarios, también por el lapso de tres meses a partir de mayo. Dichos aportes tendrán como beneficiario exclusivo el Ministerio de Salud a través de una cuenta específica”, detallaron desde la Ciudad.
En tanto, en la Legislatura “los bloques que integran Juntos por el Cambio (Vamos Juntos, UCR/Evolución y Partido Socialista), el Frente de Todos, Consenso Federal y GEN acordaron constituir un programa de aportes salariales voluntarios de las legisladoras y legisladores bajo distintas modalidades”.
En el caso de Juntos por el cambio, Consenso Federal y GEN, sus legisladoras y legisladores destinarán un 25% de su sueldo por tres meses, a partir de mayo, a entidades de bien público vinculadas con la lucha contra la pandemia y sus consecuencias sanitarias y sociales. Y el Bloque Frente de Todos constituyó con esos fondos un programa de donaciones de alimentos, elementos de limpieza y desinfección.
Más allá del respaldo a las medidas, los legisladores del Frente de Todos manifestaron su “preocupación respecto de la contención, los protocolos y el manejo de la pandemia en las villas y los barrios del sur de la Ciudad, en los geriátricos y asilos porteños, las medidas de protección del personal de la salud, y la centralización y transparencia de las compras que realiza el Gobierno de la Ciudad en el marco de la pandemia”.
La Ciudad también suspenderá las incorporaciones a la planta de personal de todos los poderes. "Vamos a suspender todos los convenios de asistencias y todas las modalidades de contratación que tenga el Gobierno para incorporar gente nueva, sólo podrá haber alguna excepción para un área crítica", detalló el ministro de Hacienda, Martín Mura.
Por ello, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tendrá la facultad de reasignar tareas de empleados del Gobierno de la Ciudad para cubrir vacantes en sectores afectados por la lucha contra la pandemia.
En esa redefinición de tareas, la administración de Rodríguez Larreta "incluye el fortalecimiento del personal sanitario". Hasta ahora, detallaron, por "la emergencia se están destinando 4.150 vacantes hacia áreas críticas (2.620 nuevas incorporaciones y 1.530 reasignaciones de personal).
“Las autoridades de entes descentralizados y empresas y sociedades del Estado no podrán incrementar aquellas remuneraciones que ya se encuentren por sobre la del Jefe de Gobierno”, aclararon.
Freno en las obras y en el pago a proveedores
Rodríguez Larreta explicó que mientras esté vigente el plan de emergencia no se iniciarán nuevas obras en la Ciudad, salvo las que estén vinculadas con las acciones tendientes a combatir la pandemia del coronavirus.
“Vamos a hacer una unificación y monitoreo de todas las compras relacionadas con la pandemia con coordinación y supervisión del Ministerio de Hacienda”, adelantó. Este punto tomó mayor relevancia tras las denuncias que recibió su Gobierno por las compras de barbijos, en las que se pagaron más de 3000 pesos por unidad, y por el alquiler de un hotel para alojar a las personas que regresaron del exterior y deben cumplir con el aislamiento obligatorio.
El mandatario capitalino también reveló que habilitó a su ministro Mura, para que “baje todos los contratos de servicios que hoy tiene la Ciudad”. Al respecto,el titular de la cartera económica remarcó que “la idea es dotar al Poder Ejecutivo de mayor flexibilidad para poder hacer los movimientos de las partidas presupuestarias para poder asignarlas a las áreas que están al frente de la pandemia: al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Humano”.
"Esto incluye poder suspender gastos que no son indispensables en este momento", aclaró. También incluye la suspensión de obras nuevas y no prioritarias.
Al respecto, el proyecto de ley puntualiza que, cuando se suspenda una obra, “el contratista, proveedor o concesionario sólo tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que fehacientemente probare haber incurrido con motivo del contrato, con el alcance y en las formas que determine el organismo contratante” y que “el reembolso de tales gastos se hará efectivo una vez concluida la vigencia de la situación de emergencia Económica”.
La Ciudad hará una eliminación transitoria de afectaciones específicas, como, por ejemplo, el excedente de los recursos provenientes del juego que, por ley, están destinados a la construcción de viviendas sociales del Instituto de Vivienda (IVC). Mientras dure esta emergencia, estos fondos podrían derivarse a la lucha contra la pandemia.
Además, se dispondrá de la totalidad de la flota automotor de la Ciudad para atender las necesidades operativas del sistema sanitario, y se hará una reducción del importe destinado al pago de alquileres, gastos y mantenimiento de los edificios gubernamentales.
Incentivos para el pago de impuestos y búsqueda de financiamiento
En cuanto a la Gestión del Financiamiento, el ministro Mura recordó que “la semana pasada la Legislatura nos aprobó dos leyes, una para poder endeudarnos con organismos multilaterales por 150 millones de dólares y una segunda que tiene que ver con la emisión de un bono a proveedores para afrontar los pagos”, lo cual “permite no cortar la cadena de pagos”.
Mura dijo que también se va a “facultar a la AGIP a que pueda generar beneficios a aquellos que puedan adelantar impuestos”.
También habrá bonificaciones y descuentos en tributos empadronados, como el ABL o la Patente Vehicular, a fin de incentivar el pago voluntario en tiempo y forma. "Las bonificaciones y/o descuentos no podrán exceder el 30% (treinta por ciento) de lo que hubiese correspondido abonar", determina la iniciativa legislativa.
En el marco de este nuevo contexto de emergencia sanitaria, se pondría a consideración en la Legislatura que el beneficio producto de estos convenios consista en una contraprestación económica.