Silvia Brandariz
Por ese motivo, la Agencia del Alimento y los Medicamentos en Estados Unidos da un plazo de 60 días para que los fabricantes adopten alguna medida para evitar que los menores los compren. De lo contrario, se prohibirá su venta.
Esta medida está dirigida a los cinco grandes fabricantes de estos dispositivos, como también contra las 1.300 tiendas donde se venden.
Scott Gottlieb, su principal responsable, considera que la política de distribución de estas empresas lo que está provocando es "que se perpetúe el acceso de los jóvenes" a estos productos.
Se convirtió en una tendencia ya peligrosa aunque el 70% de los usuarios de cigarrillo electrónico dice que no fuman cigarrillos tradicionales.
Los fabricantes responden diciendo que llevan décadas tratando de reducir el uso de estos dispositivos entre los jóvenes y se comprometieron a cooperar con al FDA para responder al problema.
Estados Unidos tiene prohibida a nivel federal la venta de este tipo de productos a menores. Las tiendas que no respetan las reglas pueden ser multadas con hasta 11.200 dólares por cada violación. En nuestro país, la venta de cigarrillos electrónicos está prohibida por ley, aunque se pueden conseguir en tiendas on line.
La trayectoria en el uso de estos vaporizadores aromatizados por parte de los menores se acelera. Eso, de acuerdo con la FDA, los lleva peligrosamente al camino de la adicción. "No podemos tolerar que una generación de jóvenes se vuelva adicta a la nicotina", advierte el funcionario, que estaba dispuesto a dar un espaldarazo a estos productos como una alternativa para los fumadores adultos de tabaco.
El cigarrillo electrónico, de hecho, se presenta como una opción menos adictiva que los cigarrillos convencionales porque contiene niveles menores de nicotina. Estos dispositivos, por tanto, son vistos por la FDA como una vía menos dañina para los adultos que no son capaces de dejar de fumar. Pero las ventajas para los adultos no implican permitir el uso entre los jóvenes.
Para evitar la prohibición, dispondrán de 60 días para detallar a los reguladores cómo van a prevenir que los adolescentes utilicen sus productos. Eso, por tanto, les obligará a revisar sus políticas de comercialización, distribución y las campañas de publicidad para poder tener la autorización de venta. La FDA utilizará este periodo para examinar las prácticas comerciales.