Federico Valdéz
Este viernes,
la Justicia condenó a 18 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal"
al hombre que abusó de
, a pesar de haber solicitado la interrupción legal del embarazo (ILE).
Asimismo, el tribunal estuvo integrado por los jueces Fabián Fradejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez. En tanto, se encontró responsable al acusado de 66 años, pareja de la abuela de Lucía, de "abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por el grave daño a la salud de la víctima y por convivencia en concurso real".
Por este motivo, fue condenado a "18 años de prisión accesorias legales y costas procesales". A su vez, el sentenciado deberá seguir en prisión preventiva en su domicilio hasta tanto queda firme la condena, para ser trasladado inmediatamente al penal de Villa Urquiza.
Además, en el fallo se recomienda al Estado provincial brindarle a la víctima una beca para que pueda terminar sus estudios y le provea asistencia socioeconómica, sanitaria y psicológica, de manera gratuita.
También solicita al Ministerio de Educación y al de Desarrollo Social que concreten un relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes; campañas de educación, prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y de salud sexual y reproductiva.
La pena había sido solicitada por la fiscal Estela Velia Giffoniello, no así con la querella, que había pedido 20 años de prisión para el imputado, la máxima tipificada en los casos de abuso sexual agravado. La querella que representa a Lucía está conformada por las organizaciones las Andhes y Cladem.
El abogado querellante, Emilio Guagnini, integrante de Andhes, sostuvo que están "conformes con la sentencia, 18 años de prisión es casi el máximo de pena" para este tipo de delitos, pero aclaró que no es lo que ellos pretendían.
Por su parte, Florencia Vallino, también integrante de la querella por Andhes, valoró que "la sentencia incorpora medidas de reparación para la niña", las cuales celebró porque "son necesarias para que pueda acceder a sus derechos".
El 5 de febrero de 2019, la madre de la niña había denunciado el abuso que sufrió su hija y solicitado la ILE cuando cursaba la semana 16 de gestación.
Pero tras permanecer internada en el hospital, se le practicó una cesárea, por un fallo de la justicia, y el 8 murió la beba nacida luego de 23 semanas de gestación y con 660 gramos de peso. Días después, Lucía recibió el alta médica del Hospital del Este, donde permaneció internada desde que se denunció el caso.