El 18 de febrero el Gobierno de San Luis pidió, a través de una medida cautelar, que el segundo tarifazo del gas natural no se aplique a los usuarios sanluiseños por considerarlo "inconstitucional e inaplicable". De esta manera el Juzgado Federal, con sede en la capital puntana, anunció que tomará la causa luego de que la Corte Suprema lo habilitara. El martes se conoció que Fiscalía de Estado y el Gobierno Nacional fueron notificados de la demanda puntana.
La solicitud fue una accion colectiva con el objetivo de frenar los tarifazos del gas y apunta directamente contra el Estado Nacional, la Secretaría de Energía de la Nación y ENARGAS, el ente nacional regulador de gas.
Según informó El Diario de la República el tarifazo previsto por el Gobierno Nacional para el 2019 es del 30%.
La demanda tardó en ser tomada por la Corte Suprema porque no había otra demanda colectiva realizada. Ante la ausencia de un juicio similar, la causa ya toma curso en el tribunal federal con asiento en la ciudad de San Luis. Ahora, el Gobierno Nacional tiene nueve días para responder al reclamo puntano.
Al margen del pedido que busca impedir el incremento en los usuarios puntanos, la demanda apunta las bases en las que se apoyan los incrementos del presidente Macri: la dolarización de las tarifas.
La acción judicial presentada por el Fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, está estructurada en los términos previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional y por el cual solicitó la "inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los aumentos en la tarifa del gas".
Para el Estado puntano, esa determinación viola los derechos de los consumidores y lo dispuesto en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 42° y 75° de la Constitución Nacional.
La presentación exige una mayor transparencia en la metodología de facturación en el servicio a usuarios de San Luis, ya que —según los fundamentos que adujo Fiscalía de Estado— se encuentran "violentados los principios constitucionales de legalidad y equidad, así como la previsibilidad, que hace a la seguridad jurídica de los ciudadanos; lo que produce un resultado violatorio de garantías constitucionales", reveló el informe oficial.