El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) continúa avanzando en procesos administrativos y legales con el fin de regularizar la situación de las casas de distintos barrios de San Juan. En este contexto, si no se puede llegar a un acuerdo con el adjudicatario, la idea del organismo es recuperar la casa y entregarla en función de los criterios que marca su normativa.

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Marcelo Yornet, director del IPV, habló con Diario La Provincia SJ y destacó que “son 200 los casos que se tramitan de acuerdo a los procesos que marca la Ley 196-A de creación y regulación del IPV. Son viviendas que están en distintos departamentos y los adjudicatarios, en su gran mayoría, tienen alta morosidad en las cuotas. Se trata de llegar a acuerdos en las distintas instancias ya que se trata de una vivienda única familiar pero de no haber voluntad de la contraparte, se avanza”.

Además, agregó que por lo menos 70 expedientes ya pasaron a la Fiscalía de Estado, “con lo que se puede llegar a la efectiva revocación de la adjudicación. Siempre destacamos que el IPV funciona como un sistema solidario en el que con la llave de la casa se genera un compromiso en el pago de las cuotas que, actualmente, pueden llegar a la mitad de lo que se paga por un alquiler”. Cabe destacar que, además de la morosidad, algunos sanjuaninos adjudicatarios alquilaron sus casas o no las habitan. Incluso, algunos las venden en lo que se constituye como una operación ilegal.

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En junio pasado, el IPV pudo recuperar una vivienda del Barrio Ulises en Rodeo, Iglesia. El motivo fue que la vivienda se había puesto en alquiler a un tercero. El IPV intimó a la desocupación del inmueble bajo apercibimiento del inicio de la acción judicial de desalojo. Ante el incumplimiento, se remitió las actuaciones a Fiscalía por lo que se inició un juicio de desalojo y finalmente se ordenó el mismo, junto con la entrega de la posesión de la vivienda nuevamente al Instituto.