"Le tengo miedo a la muerte, no a la instancia judicial", dijo el presidente comunal Amaro González sobre la medida.


Luego de extender 24 horas más la vigencia del ultimátum para recibir un guiño de autoridades nacionales, la Comuna de Timbúes ordenó a partir de este jueves la suspensión de la actividad portuaria y del resto de los establecimientos industriales y comerciales del pueblo.

La ordenanza que rige hasta el jueves 2 de abril por la epidemia de coronavirus afecta a las terminales de las agroexportadoras Renova, AGD, Louis Dreyfus, Cofco y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Las autoridades locales no esquivaron el bulto en cuanto al impacto económico de la medida y apuntaron que los gerentes son “absolutamente responsables” de que se cumpla y argumentaron: “Es para preservar la vida de nuestra gente y de los transportistas que llegan a nuestras tierras”.

El presidente comunal Amaro González reiteró su reclamo para que los embarcados que llegan a la región se sometan a la revisión de un médico, “no de un administrativo”, ante el brote de COVID-19. En conferencia de prensa deslizó que una de las empresas amenazó con una contraofensiva legal y respondió públicamente: “Le tengo miedo a la muerte, no a la instancia judicial”.

El dirigente justicialista insistió en que “las plantas cerealeras que convocan a miles de camiones diariamente deben suspender sus actividades” en paralelo con el asueto administrativo que dispuso para dependencias públicas dentro del mismo plazo. También prorrogó el vencimiento de la Tasa General de Inmuebles (TGI) hasta el 6 de abril y ofreció un “pago extra” para los empleados dispuestos a colaborar con los servicios básicos durante dicho período.

“Sabemos que estas medidas no le convienen nadie en lo económico, pero estamos convencidos de que son las mejores que podemos tomar en nuestro territorio para preservar la vida de nuestros conciudadanos”, concluyó el presidente comunal.




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