Martín Zurita
El presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Hugo Sager destacó que la aprobación del Presupuesto 2021, en medio de un contexto difícil por los efectos que de la pandemia, sumando los años de recesión con caída del PBI en el país, y aseguró que marca un sendero de esperanza hacia la recuperación económica y la generación de empleo.
“Este instrumento que brindamos al Poder Ejecutivo, permitirá concretar con mayor certidumbre y previsibilidad las políticas públicas y poner en marcha todas las acciones necesarias para el desarrollo con equidad”, destacó Sager.
En este sentido, valoró los consensos alcanzados entre los distintos bloques políticos para contar con un presupuesto en tiempo y forma, aprobado antes de la finalización del periodo ordinario de sesiones, respondiendo así a las expectativas de chaqueños y chaqueñas.
La normativa prevé un presupuesto de $174.209.528.700, distribuidos según las prioridades del Plan Chaco 2030: el 50,09% para servicios sociales de Salud, Educación y Desarrollo Social; el 14,33% para políticas de inversión y reactivación económica; 12,42% para municipios y el 13,09% para servicios de Seguridad y Justicia.
Con este instrumento, el Gobierno provincial apunta a fortalecer principalmente los sistemas de salud, el educativo y el de seguridad pública, poniendo énfasis en recuperar la obra pública como agente dinamizador de la economía provincial y promover inversiones para potenciar las 20 cadenas productivas de valor.
Un superávit moderado
Sager afirmó que el Chaco, a partir de 2021, “abandonará el déficit crónico que tenía desde hace varios años para pasar a un superávit moderado, dando así la estabilización necesaria a la economía”.
Con este presupuesto, “el Estado pretende alcanzar la meta del superávit fiscal primario y también del superávit fiscal financiero, considerados claves para construir un equilibro en las finanzas públicas provinciales”.
Mencionó que también se hará fuerte énfasis en el fomento a la producción, la industria y el empleo, a través de 62 proyectos de inversión en los que se inyectarán $11 mil millones para generar 2.800 puestos de trabajo.
“El modelo agroindustrial propuesto contempla un fuerte respaldo a 20 cadenas productivas y al desarrollo de la economía del conocimiento como apoyos necesarios para la recuperación económica provincial”, detalló el legislador.
De esta manera, consideró que producción y empleo implican generar alianzas estratégicas entre el sector público y privado para consolidar un sendero de crecimiento, afianzando el patrón de agregación de valor a los recursos naturales.
Perspectiva de género
Por otra parte, rescató la incorporación de la perspectiva de género en la iniciativa, dotando de herramientas humanas, técnicas y logísticas a la aplicación de cada política pública destinada a prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia mujeres y disidencias.
Fuerte inversión en Salud y Educación
“Es un presupuesto con perspectiva optimista, porque se enmarca en una pandemia que ha afectado en gran medida a nuestros sistemas educativo y de salud”, remarcó el titular de la Legislatura.
En este sentido, dijo que el presupuesto destinado a Educación contempla el avance en iniciativas legislativas orientadas a cambiar estructuralmente la educación rural, la educación técnica y de formación laboral, la estrategia de desarrollo de los procesos de formación docentes en los Institutos Terciarios y la aplicación de la jornada extendida, como factor necesario para una mejor calidad educativa.
También, se prevé fortalecer los centros de estudiantes, promover la participación de la comunidad educativa mediante la consolidación de consejos escolares, mantener y rehabilitar la infraestructura edilicia mediante el financiamiento de FONPLATA, transformar la legislación en la organización del sistema educativo y promover un sistema de evaluación justo y equitativo.
Se pretende, además, invertir en el mejoramiento de la estructura salarial de los docentes, luego de tres años de aguda recesión con una pandemia de por medio. No obstante, el gran desafío del Estado para el 2021 es lograr recuperar el poder adquisitivo del salario teniendo en cuenta el fondo educativo, la evolución de los recursos coparticipables y la variación de la canasta básica.