Discapacidad: Nación no pagan las terapias y habrán un paro la semana próxima

No brindarán sus prestaciones el 29, 30 y 31. Se trata de terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicopedagogas, entre otros profesionales. El martes, a las 9, habrá una movilización en las principales plazas del país, incluso en Rafaela. Es porque la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) no está liquidando lo facturado a las obras sociales: la deuda es -al menos- de seis meses.

Atención. El tratamiento de niños, jóvenes y adultos es esencial para mejorar su calidad de vida (Martín Baez/Archivo).
Atención. El tratamiento de niños, jóvenes y adultos es esencial para mejorar su calidad de vida (Martín Baez/Archivo).

Profesionales de diferentes rubros no brindarán sus servicios a personas con discapacidad, a modo de protesta por el atraso en el pago por parte de Nación a las obras sociales de lo facturado. El retraso, en la gran mayoría, se remonta a mayo, es decir, 6 meses. Todo esto, en el marco de una economía con una inflación de, al menos 45% en los últimos meses. Esto también repercute en Rafaela.

El cese del servicio, anunciado a los padres de los pacientes este viernes, será el lunes 29, martes 30 y miércoles 31. El martes habrá una movilización en todo el país. En nuestra ciudad, el lugar elegido para la convocatoria es la Plaza 25 de mayo, a las 9.

Por lo pronto, psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, kinesiólogos, terapistas ocupacionales y cualquier otro profesional que asiste a una persona con discapacidad, ya estaba anunciando este viernes que la semana que viene no atenderá, plegándose a la medida de fuerza.

¿Por qué el recorte? De acuerdo a lo publicado por el diario Clarín, el pasado 24 de agosto, el ministro de Economía, Sergio Massa, les advirtió a los sindicatos que sólo le transferiría 1.500 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) hasta fin de año, para poder alcanzar la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica un recorte de $10.000 millones. Los FSR se usan para pagar servicios alta complejidad, servicios de discapacidad y otras prestaciones.