El gobernador Gustavo Bordet encabezó una reunión de Gabinete donde comunicó que está vigente, en todo el territorio entrerriano, el decreto del presidente Alberto Fernández que prohíbe las reuniones sociales y familiares. En tal sentido el mandatario provincial señaló que "vamos a garantizar su cumplimiento trabajando junto a las fuerzas de seguridad provinciales, federales y la colaboración de los agentes municipales de cada ciudad".
Luego indicó que "el crecimiento de los casos de coronavirus es de gran preocupación. Por eso, para detener esta curva, necesitamos del compromiso de todos", continuó diciendo el gobernador, al tiempo que indicó que el decreto presidencial establece sanciones penales para las personas que lo incumplan.
Tras la reunión, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno nacional que lleva el número 641 "es válido para todo el país, no requiere de ningún decreto provincial que lo ratifique y está vigente para todos los municipios y todo el territorio provincial".
"Ese decreto mantiene la situación de distanciamiento para Entre Ríos, es decir que no es que volvamos a la situación de aislamiento, pero se agregan prohibiciones", dijo Rodríguez Signes y mencionó entre ellas "las reuniones sociales y familiares, sobre todo en lugares cerrados".
Luego el fiscal indicó que, según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal, "aquel que viole las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de una pandemia, es pasible de pena privativa de la libertad incluso". "De eso se estuvo hablando y de la necesidad de asegurar el cumplimiento de esa prohibición", acotó.