Desde la defensa aseguran que el delincuente debe permanecer libre. 


La Cámara de Casación Penal de Paraná dará a conocer su resolución el 4 de julio próximo sobre la prisión preventiva del ex cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de cuatro niños de entre 11 y 12 años, entre 2005 y 2016 en Entre Ríos, se informó hoy.

En la mañana del viernes, con ausencia del ex sacerdote, se realizó la audiencia para determinar si el ex sacerdote continúa detenido en la Unidad Penal de Victoria con prisión preventiva por riesgo de fuga, o si espera en libertad que la sentencia quede firme.

Los abogados defensores del ex sacerdote, Milton Urrutia y María Alejandra Pérez, pidieron que se revise la sentencia y que se deje sin efecto la continuidad de la prisión preventiva.

Según los letrados, Escobar Gaviria “debería recuperar la libertad” ya que está en prisión “por un hecho que no está verificado” y “se excedieron los plazos legales” de la preventiva.

Además, expresaron que “el peligro de fuga había sido descartado por tres jueces” y afirmaron que el ex cura “padece problemas de salud”, los que se dificultan al permanecer detenido en el penal, por lo que pidieron prisión domiciliaria.

Por su parte, la fiscal Cecilia Goyeneche sostiene que debe continuar en prisión por “los antecedentes en el caso”, ya que durante el juicio el ex cura modificó su lugar de residencia y se comunicó varias veces con las víctimas.

También existe el riesgo de fuga “por la condena importante que tiene que cumplir y porque tiene los medios económicos suficientes”, dijo.

La primera denuncia la realizaron en noviembre de 2016 dos religiosas de la localidad entrerriana de Lucas González, que afirmaron que el ex cura “encerraba a niños de entre 11 y 12 años en dependencias de la iglesia” donde “cometía los abusos”.

Tras esto, Escobar se ausentó del lugar y su paradero fue desconocido hasta que días después se entregó a la Justicia y dijo que estaba “en un retiro espiritual en Rosario”.

En el juicio que se inició un año más tarde, una de las víctimas declaró que era abusado “al menos dos veces por semana y durante casi dos años en la habitación del sacerdote, en el primer piso” y también cuando “hacían viajes, en el vehículo del sacerdote”.

Los jueces María Angélica Pivas, Roberto Javier Cadenas y Darío Ernesto Crespo lo condenaron a 25 años de prisión por cuatro hechos de abuso y corrupción de menores mientras era sacerdote de la parroquia San Lucas Evangelista de Lucas González, en el departamento Nogoyá.

El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, le ordenó en 2016 que dejara su función, abandonara San Lucas y le abrió una investigación diocesana.






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