La Cámara de Apelaciones dispuso que la causa seguirá en manos del juez federal Fernando Alcaraz.


Finalmente el asesinato de empresario Diego Aliaga (51) seguirá siendo de competencia federal, y por lo tanto una muerte que se originó en un secuestro, tal como lo confirmó hoy la Cámara de Apelaciones Federal de Mendoza.

De esta forma, el tribunal de apelaciones confirmó la posición del fiscal federal Fernando Alcaraz y desechó la incompetencia del fuero, sostenida por el juez federal Marcelo Garnica, quien seguirá supervisando la investigación.

Por el caso Aliaga están detenidos Diego Barrera (50), su esposa Bibiana Sacolle (46) y los hijos de la mujer, Gastón (28) y Lucas Curi (26), además de Yamil Rosales (32), chofer de la empresa de transporte de los Barrera, que tiene un status especial: tras confesar quedó como “imputado arrepentido”.

Todos están imputados por “secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas en concurso real con secuestro extorsivo seguido de muerte en concurso ideal con homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y robo”, delito que tiene como pena la prisión perpetua.

Idas y vueltas judiciales

En la última semana de setiembre el juez federal Marcelo Garnica determinó que el caso no debe ser competencia del fuero federal, ya que para él no está probado que se hubiera tratado de un secuestro extorsivo seguido de muerte.

Su posición es que la llamada extorsiva fue un elemento distractivo para tratar de despistar a los investigadores. “Dejá de mover el avispero. Andá buscando un palo verde y ya te vamos a llamar”, le dijeron al hermano de la víctima mientras le exigían un millón de dólares.

Hoy la decisión de Garnica fue debatida en la en la Cámara de Apelaciones ya que el fiscal del caso, Fernando Alcaraz, sostiene que la medida es prematura ya que falta agregar al extenso expediente muchas pruebas. Esta es la posición que finalmente prevaleció.

Con anterioridad, el fiscal general Dante Vega había presentado un recurso de reposición que hizo suspender la audiencia. Allí Vega sostenida que se trata de un caso federal y que la cámara no puede intervenir hasta que termine la investigación.

El escrito fue contestado por el camarista Juan Ignacio Pérez Cursi, quien entendió que la determinación de un juez competente es un tema que debe ser resuelto con rapidez para darle a los imputados las garantías constitucionales. Este mismo juez fue quien hoy se expidió sobre la competencia federal.

El caso

El martes 28 de julio, Aliaga y una mujer salieron de su casa de Palmares para ir a ver una propiedad que había adquirido en Guaymallén. Las cámaras mostraron que horas más tarde llegó a esa vivienda donde iba a montar una clínica de rehabilitación con los Barrera. También llegó al lugar Barrera y sus dos hijastros.

En ese lugar o bien en el deposito donde funcionaba la base de operaciones de la empresa de transporte de los Barrera, Aliaga fue asesinado.

Luego Aliaga fue enterrado en campo inculto Lavalle y que el cuerpo estaba cubierto por una lona. Solo tenía ropa interior, en la boca un trapo y en cabeza una especie de capucha. La declaración de Rosales permitió encontrar el cuerpo. La causa de la muerte fue asfixia mecánica.


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