Rita Márquez
A fines de 2020, Benjamín, un chico platense de 6 años, rindió un examen para saltar un curso. Sin embargo, la Dirección General de Educación Privada (Diegep) pretende que repita segundo grado -ya hizo la mitad de tercero-porque así lo ordena el Ministerio de Educación bonaerense.
Las autoridades sostienen que tiene que realizar de manera obligatoria los seis años previstos para la primaria. De modo que el certificado de Benjamín y el psicodiagnóstico de altas capacidades no sirven a nivel nacional. Esa fue la explicación que le brindaron a sus padres, que presentarán un amparo judicial.
Cuando estaba en jardín de infantes, se dieron cuenta que la cabeza del chico trabajaba a otro nivel: a los tres años ya sabía sumar y restar y también había procesado por su cuenta la tabla del 2, cuando le preguntó a sus padres cuánto era el doble de 80.
“Lo aprendió todo en forma autodidacta, sin ayuda de nadie. Benja se aburría muchísimo, no tenía intereses en común con los chicos de su edad y ya empezaba a somatizarlo. Tenía vómitos cíclicos por las noches, sin ninguna razón”, explica Soledad Heit, mamá del nene.
El salto de Benjamín
Luego de un test, se concluyó que el chico tenía “superdotación con múltiples potencialidades”. Durante 2019, la Dirección General de Educación Privada (Diegep) validó ese diagnóstico, por lo que Benjamín pudo adelantar un año: de sala inicial de 4 a primer grado.
Por supuesto, también en ese curso se aburría: ya sabía todo. La directora y los progenitores acordaron que habría que reforzar y complejizar las actividades, pero no fue más que un aumento de cantidad y no un desafío para el alumno.
En 2020, durante la pandemia, pudo seguir las clases por Zoom y, aunque las tareas le resultaban sencillas, podía compartir la misma línea de pensamiento que sus compañeros. Mientras tanto, se preparaba para rendir libre en la Ciudad de Buenos Aires, una de las pocas jurisdicciones que habilitan el examen para saltar de curso. El resultado fue de 100 sobre 100 ante un tribunal en una escuela pública porteña que lo acreditó.
La polémica
Ahora solo faltaba que el documento fuera aprobado, pero nunca llegó. Si bien al inicio de este año lectivo se determinó que el niño iniciara las clases en tercer grado, el 8 de junio, llegó la resolución oficial de la Diegep: para nada favorable. La escueta nota, sin firma ni expediente, citaba que el certificado no se reconocía y el chico platense tenía que volver a segundo grado, es decir, repetir un año lectivo.
Pese a los argumentos provinciales, la Ley de Educación Nacional protege en su artículo 93 a los casos como el de Benjamín: “Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los/as alumnos/as con capacidades o talentos especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización”.
Valeria Trajtenberg, jefa de inspectores de la Región I, explicó a los padres que el pequeño “estaba obligado a realizar los seis años previstos en el plan de estudios primarios” y que “no podía promocionar pese a haber acreditado un examen”.
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“Si no van a valorar lo que hice, no voy más a la escuela”, le dijo Benjamín a su mamá. La mujer comentó: “Por más que tenga facilidad, abarcó dos años en uno, hizo paralelamente las tareas de primer y segundo grado, y rindió libre el examen. Él ya no quiere que lo muevan más de curso. Cuando por fin se siente contenido, otra vez vuelve a afrontar lo que para él es un calvario”.
Lo que sigue para la familia es presentar un amparo para que pueda matricularse en tercer grado. Los padres sostienen que los derechos de su hijo se están vulnerando: un certificado acredita el examen y un diagnóstico corrobora sus altas capacidades, pero las autoridades abogan por su retroceso.