El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy declaró nuevamente una feria judicial extraordinaria por razones sanitarias, la cual se extenderá hasta el próximo 2 de agosto, en línea con las decisiones adoptadas por el Gobierno local, ante el creciente registro de casos de coronavirus en la provincia.
La decisión de la Corte jujeña quedó formalizada en la acordada N° 73/2020, que expresa que "ante el crecimiento exponencial del Covid-19 en la provincia y el consecuente riesgo para la salud pública, es conveniente y necesario adoptar las medidas preventivas tendientes a evitar o mitigar su propagación".
Fuentes judiciales indicaron que el objetivo de esta medida de excepción es "que los agentes de sector permanezcan en sus domicilios para cumplir con la cuarentena preventiva recomendada por la autoridad sanitaria".
Asimismo la resolución del máximo Tribunal faculta a su presidente, Sergio Jenefes, a resolver "cuestiones no contempladas en la misma dado el carácter dinámico y cambiante de la situación epidemiológica".
En ese marco se decidió suspender, durante el receso extraordinario, todos los plazos procesales y audiencias, al tiempo que "sólo se tramitarán las causas consideradas de carácter urgente", en función de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad necesarias.
En relación a los Juzgados de turno, se mantiene la prestación de servicios normal y habitual de magistrados, funcionarios y empleados de los fueros Penal de Control, del Juzgado de Violencia de Género y del Juzgado de Menores, que por turno corresponda.
En tanto, el Juzgado de Ejecución de Pena estará cargo de su titular y el equipo designado, según consignaron los voceros judiciales que dieron a conocer la medida dictada este miércoles.
El horario de asistencia y de atención será de 8:30 a 12:30 y la modalidad de atención al público será restringida, de una persona por vez. A la vez el STJ pidió a los abogados, procuradores y público en general concurrir a los edificios de tribunales "sólo para realizar actos urgentes e indispensables".
Finalmente los miembros de la Corte reiteran en la acordada que los magistrados, funcionarios y empleados exceptuados de la prestación de servicios, que se encuentran en situación de guardia pasiva, deben permanecer "inexorablemente" en sus respectivos domicilios, bajo apercibimiento de "sanciones administrativas".