Redacción Vía País
Este jueves, la Secretaría de Obras Públicas confirmó el ajuste de la tarifa del agua propuesto por AySA. El incremento total será del 32% a lo largo del año y se implementará en dos tramos: el primero, del 20%, estará vigente a partir del 1° de julio; y el segundo, del 10%, en octubre.
La Resolución 91/2022 fue publicada en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de mencionado organismo, Carlos Augusto Rodríguez. Esta establece que el valor del “Coeficiente de Modificación K” pasará, desde el mes próximo, del actual valor de 37,2918 a 44,7502. En tanto, cuando entre en vigencia el segundo aumento, ese número llegará a 49.2252.
El pasado 19 de mayo, AySA había convocado a una audiencia para analizar una eventual adecuación de la tarifa de su servicio. A partir de eso, se tomó la decisión publicada hoy. “Los actuales niveles tarifarios resultan sensiblemente menores a los establecidos como de equilibrio económico-financiero en el marco regulatorio”, habían argumentado desde el organismo.
“Los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir la totalidad de los costos derivados de la prestación de los servicios”, había explicado la titular de AySA, Malena Galmarini. Y detalló que sólo cubrían el 49,5% de los costos operativos, situación que podría agravarse en caso de continuar con el congelamiento tarifario.
AySA elevó su propuesta de adecuación tarifaria a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, pero como su titularidad estaba vacante, la autoridad competente pasó a ser la Secretaría de Obras Públicas.
A quiénes les corresponden las bonificaciones especiales
Los artículos 3° y 4° de la Resolución proponen excepciones para los beneficiarios de la tarifa social. En primer lugar, aquellos que tengan bonificaciones vigentes hasta la entrada en vigor de la presente medida, recibirán un descuento adicional. “El descuento se mantendrá hasta la fecha de renovación o cese del tal beneficio”, aclaran.
Por su parte, quienes se sumen a la tarifa social entre el 1° de julio y el 30 de septiembre de este año, también obtendrán un descuento adicional, pero en base a la modificación tarifaria que se implementará el 1° de octubre. También en ese caso la bonificación “se mantendrá hasta la fecha de renovación o cese del tal beneficio”.
Además, se resolvió “suspender por cinco años el cobro del cargo por instalación del medidor a aquellos usuarios de todas las categorías que soliciten la modalidad de facturación medida, conforme los planes y presupuesto aprobados”.
A su vez, también por cinco años se “eximió del cobro del cargo por conexión de agua potable establecido en el artículo 17 del RANT a aquellos usuarios que soliciten la modalidad de facturación medida y que para ello readecuen sus instalaciones internas a fin de ser abastecidos de forma independiente”.
“Lo dispuesto en el presente artículo sólo alcanzará a las unidades funcionales pertenecientes a edificios subdivididos en propiedad horizontal o régimen análogo, abastecidos mediante una o más conexiones de forma indivisa, existentes a la entrada en vigencia de la presente resolución y no será aplicable a nuevas construcciones”, especifica el artículo 8° de la normativa.
La mayoría de los hogares con medidor se encuentra en el Gran Buenos Aires. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires la situación es inversa: gran cantidad de clientes vive en departamentos. Y los medidores suelen ser por edificio y no por unidad.
Además del 32% anunciado, al momento de la audiciencia, AySA evaluaba pedir al ente regulador que le conceda otro 10% de aumento antes de fin de año. “Si la luz y el gas van a subir un 42% promedio, entendemos que nuestro servicio también puede tener ese aumento”, señalaron en esa ocasión.
Asimismo, trascendió que pretendían tener la facultad de “aplicar la segmentación”, que es la quita de subsidios al 10% de clientes con mayores ingresos o que viven en barrios de alto poder adquisitivo.