El juez de Control Nº 7 José Milton Peralta confirmó la elevación a juicio de un caso de estafas telefónicas desde Bouwer. El engaño tenía como víctimas a adultos mayores a quienes le prometían el cobro de la reparación histórica. De la maniobra participaban ocho personas, uno de ellos ya estaba detenido en la institución penitenciaria antes nombrada.

De esta manera, los citados a juicio serán: Diego Ezequiel Pizarro (31), que estaba detenido en Bouwer, y quienes le ayudaban desde afuera, su pareja Mercedes Fabiana Cabral (39), Paola Alejandra Arancibia (39), Nora Viviana Cortez (44), María Alejandra Díaz (27), José Alberto Lubatti (34), Norma del Valle Moyano (56) y Alejandra Edith Lucchesi (40).

De acuerdo a la acusación de Rissi, Pizarro y otro detenido en la cárcel que no fue individualizado convocaron a Arancibia y Cabral para constituir una asociación ilícita con distribución de roles y engañando por teléfono (desde la cárcel) a personas que creían que tenían que hacer trámites bancarios para cobrar la "reparación histórica" anunciada durante el gobierno anterior a los jubilados.

Se los citaba a un banco, con el fin de que operaran un cajero electrónico, guiados por los estafadores que simulaban ser funcionarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con el objeto de realizar movimientos tendientes a robar claves (como el Token), hacer transferencias a cuentas de cómplices o pedir préstamos a la entidad previsional que luego eran derivados a esas cuentas.

Para concretar algunas estafas, además de los tres miembros, la organización delictiva también se valió de la colaboración de Lucchesi, Moyano, Lubatti, Cortez y Díaz.

La fiscal analiza la concreción de 10 hechos de estafas por montos que ascienden en varios casos a cifras elevadas, como un préstamo por 200 mil pesos o transferencias que llegaron a los 134 mil pesos, 73.400 pesos, 97.400 pesos y 86 mil pesos, entre los casos más importantes.

Modus operandi 

La fiscal Rissi describe "la maniobra delictiva consistente en defraudar a personas indeterminadas invocando falsas adjudicaciones de dinero por parte de Anses en concepto del 'Programa Nacional de Reparación Histórica de jubilados y pensionados'". La organización estaba a cargo de Pizarro, con Cabral, Arancibia y otro preso no individualizado, como los que movían los principales hilos de la operatoria.

Como parte de la división de tareas diseñadas por la organización, "la imputada Cabral aportaba a su pareja Diego Pizarro teléfonos celulares y tarjetas SIM con los cuales se efectuaban las llamadas a las víctimas o bien los datos de cuentas bancarias a las que debían efectuarse las transferencias fraudulentas procurando que sus titulares las pongan a disposición".

El dinero que robaban, en algunas ocasiones se encargaba luego de retirar Cabral, gestiones que también habrían sido realizadas por Arancibia, quien además habría puesto a disposición de los ilícitos fines sus propias cuentas bancarias como también habría gestionado la apertura de otras. Con esto, podían transferir el dinero para luego extraerlo y repartirlo entre los miembros.

En la plataforma de elevación a juicio están incluídos Diego Pizarro organizador de asociación ilícita, junto con las miembros Paola Arancibia y Mercedes Cabral. A su vez, en el tramo de las estafas reiteradas -salvo Cabral- están involucrados como partícipes necesarios Pizarro, Arancibia, Nora Cortez, José Lubatti, Norma Moyano, Alejandra Lucchesi y Alejandra Díaz .