Luego de la catarata de críticas que llovieron sobre la elección de Horacio Rosatti para que presidiera la Corte Suprema, el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, también dio a conocer su rechazo, pero acerca del modo en que se hizo tomara la decisión.

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Sucede que ni Lorenzetti ni Elena Highton estuvieron presentes en la audiencia realizada este viernes, y el santafesino no lo dejó pasar. Por ello, escribió un extenso mail a sus colegas, detallando su malestar tras lo ocurrido.

“Lamentablemente repite uno de los vicios de algunos de los jueces de aquella composición del Tribunal, moral y jurídicamente descalificados, y que se habían superado hace más de una década. Se había logrado una confianza, transparencia y participación que este tipo de actos afecta gravemente”, señaló en la misiva.

Fue el hasta ahora titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien comunicó que la reunión se realizaría pese a las ausencia. Luego, Juan Carlos Maqueda propuso como presidente a Rosatti y como vice a Rosenkrantz, quienes aceptaron votándose a sí mismos. Si bien este tipo de resolución es legal, no dejó de despertar la polémica.

“Deseo dejar expresado claramente que ese tipo de actos contradice los precedentes y la tradición de la Corte Suprema, y ha afectado el prestigio de la institución y de la elección misma”, sostuvo Lorenzetti, que ocupó la presidencia en cuestión entre 2007 y 2015.

“Irregular”

Según Lorenzetti, la situación actual se parece a la ocurrida durante la presidencia de la Corte de Julio Nazareno, en el gobierno de Carlos Menem. “La decisión adoptada en el acuerdo del día jueves 23 de setiembre se asemeja notablemente a un caso similar ocurrido con ocasión de la elección del Dr Nazareno, reflejada en la acordada 27/2000″, recordó.

Y agregó que “la designación de autoridades por medio de acuerdo extraordinario es irregular”. Manifestó también que el resto de los miembros de la Corte sabía que él no podía estar presente porque debía estar “en la reunión de un organismo internacional (Unidroit) con la participación de juristas de todos los continentes”.

Horacio Rosatti (derecha), con otros integrantes de la Corte (Foto: DyN)

“Era posible tratar el tema el día martes 21 o martes 28. No había urgencias, ni obligación legal, y no hubo mala voluntad ni deseos de no asistir”, mencionó. Asimismo, subrayo que: “Esa decisión apresurada los obligó a la designación del presidente y del vicepresidente con la sola presencia de tres jueces, votándose a sí mismos”.

Para referirse a ese “autovoto”, el expresidente de la Corte recordó que el juez Enrique Petracchi, ex miembro de la Corte, ya había discutido algo similar. “El ‘autovoto’ ha sido censurado por la opinión del juez Petracchi en aquella decisión, y ello fue confirmado por lo sucedido con posterioridad, porque puso en duda tanto la existencia de una mayoría en la decisión derivada de votarse a sí mismo, sino también la legitimidad del acto. Fue una opinión que todos hemos valorado como éticamente correcta y conforme a derecho”, remarcó.

“El pueblo de la Nación, a quienes nos debemos, espera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decisiones mesuradas, que brinden seguridad jurídica y seriedad a fin de proteger a los ciudadanos”, concluye su escrito.

Qué dice la carta

Habiendo tomado conocimiento del acuerdo celebrado sin la participación de la Dra Highton y del suscripto, estimo necesario expresar en un voto la posición histórica de la Corte, conforme con precedentes que cito, de la siguiente manera: Que la decisión adoptada en el acuerdo del día jueves 23 de setiembre se asemeja notablemente a un caso similar ocurrido con ocasión de la elección del Dr Nazareno, reflejada en la acordada 27/2000″.

Lamentablemente repite uno de los vicios de algunos de los jueces de aquella composición del Tribunal, moral y jurídicamente descalificados, y que se habían superado hace más de una década. Se había logrado una confianza, transparencia y participación que este tipo de actos afecta gravemente.

Que la designación de autoridades por medio de acuerdo extraordinario es irregular. Normalmente se celebra por acuerdos ordinarios, y no se llevó el tema el martes 21. Un día después, el miércoles 22, nada había cambiado, y por la tarde se llamó a un acuerdo extraordinario para el jueves 23, con menos de 24 hs de anticipación. Todos sabían que el suscripto estaba representando al país en la reunión de un organismo internacional (UNIDROIT) con la participación de juristas de todos los continentes. Es decir, no era una tarea privada, sino institucional. Por lo tanto, era posible tratar el tema el día martes 21 o martes 28. No había urgencias, ni obligación legal, y no hubo mala voluntad ni deseos de no asistir. Por otra parte, existieron numerosas oportunidades en que los acuerdos fueron postergados por el sólo pedido de un ministro. Por lo tanto, negarse a tratar el tema en el acuerdo ordinario, y no postergar el convocado, violó la tradición de la Corte en la materia y las reglas de la cortesía.

Que esa decisión apresurada los obligó a la designación del Presidente y del Vicepresidente con la sola presencia de tres jueces, votándose a sí mismos.

Ello “no es ético no razonable” como lo señalara el Juez Petracchi de manera clara y contundente (Acordada 27/2000) y se podría haber evitado simplemente con hacer el acuerdo el martes 23 o el martes 28 de setiembre de 2021.

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El “autovoto” ha sido censurado por la opinión del Juez Petracchi en aquella decisión, y ello fue confirmado por lo sucedido con posterioridad, porque puso en duda tanto la existencia de una mayoría en la decisión derivada de votarse a sí mismo, sino también la legitimidad del acto. Fue una opinión que todos hemos valorado como éticamente correcta y conforme a derecho.

Por lo tanto, deseo dejar expresado claramente que ese tipo de actos contradice los precedentes y la tradición de la Corte Suprema, y ha afectado el prestigio de la institución y de la elección misma.

El pueblo de la Nación, a quienes nos debemos, espera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decisiones mesuradas, que brinden seguridad jurídica y seriedad a fin de proteger a los ciudadanos.