Paulina Pereyra
Por la reactivación judicial de un antiguo caso, alrededor de medio millón de dólares irá a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y a la Asociación Cooperadora del Hospital Muñiz y se destinarán a la lucha contra la COVID.
Se trata de un hecho que ocurrió hace 13 años, informa I, y que se reactivó el 28 de abril, cuando la Sala II de la Cámara Federal de La Plata rechazó la apelación de la defensa y confirmó el decomiso del dinero.
Los 503.114 dólares habían sido secuestrados en el marco de una investigación por lavado de activos que data de 2008, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó a un ciudadano boliviano que pretendía viajar con esa cantidad de dinero dentro de un bolso de mano, con destino a Santa Cruz, Bolivia. Y ahora, el caso no puede avanzar a juicio oral porque prescribió.
El tribunal platense ratificó la decisión del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora del 15 de abril de 2020, en línea con lo solicitado por la titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, indica Clarín.
El artículo 305 del Código Penal establece que “en operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes”.
Y continúa: “Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico”.
En base a eso la Justicia dispuso el decomiso de manera “definitiva y con fines sociales reparatorios” y que se transfiriera el dinero a la Facultad de Medicina de la UBA, “a fin de que adquiera los kits reactivos, insumos y/o equipamientos que resulten necesarios para colaborar en la extensión del diagnóstico de la infección por COVID-19, siendo ésta una tarea fundamental para el control efectivo de la pandemia de acuerdo a la OMS”.
La Justicia también dispuso que 25.000 fueran a la Cooperadora del Hospital Francisco J. Muñiz Asociación Civil para la compra de bienes o insumos.
“Destinar los fondos decomisados a la lucha contra la pandemia del virus COVID-19 es la solución que mejor se adecúa a la función reparatoria del decomiso”, sostuvo la fiscalía.
Qué dijo el hombre
El imputado sostuvo entonces que el dinero era propiedad de la empresa Aerosur, para la cual trabajaba, y que estaba originado en un préstamo de la firma Edmund Transfer.
Sin embargo, los argumentos de este pasajero, y los del otro imputado, el vicepresidente de la firma, resultaron contradictorios y, tras el peritaje de los libros contables de Aerosur, se determinó que el origen del dinero era ilícito.
Los argumentos
El 8 de abril de 2020 la fiscal Incardona señaló que los fondos eran ilegales, y esgrimió los siguientes indicios verificados:
- Que el dinero se transportaba en efectivo, sin ser bancarizado, lo que está prohibido en Argentina desde los 10.000 dólares.
- Las manifestaciones de los imputados, que dijeron ser ajenos al dinero secuestrado.
- La inactividad de la empresa después de más de 10 años desde el inicio de las actuaciones para requerir la restitución del dinero.
- Los informes de la Unidad de Información Financiera, que daban cuenta de un “Reporte de Operación Sospechosa” por los movimientos de dinero en las cuentas de la empresa una vez cesada la operatoria en Argentina.
- La información aportada por el organismo de inteligencia financiera de Bolivia, así como de noticias de medios periodísticos de ese país, de acuerdo a las cuales la empresa estaba siendo investigada allí por defraudación fiscal, lavado de activos y presunto desmantelamiento.