Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para eliminar los beneficios de salidas transitorias, libertad condicional o rebajas de pena por estímulo educativo en aquellos condenados por delitos contra la Administración Pública, conocidos como delitos de corrupción, luego de lo sucedido con el exvicepresidente Amado Boudou.
El proyecto modifica los artículos 140 y 56 de la ley 24.660 y el 14 del Código Penal, impidiendo que quienes cometieron delitos contra la Administración Pública puedan acogerse a esos beneficios.
Lo que motivó esta iniciativa fue la decisión del juez federal Daniel Obligado, quien hizo lugar al planteo de la defensa de Boudou que pidió que se reconocieran los cursos que hizo durante la prisión domiciliaria. Por eso, le bajaron diez meses en la pena de 5 años y 10 meses de prisión que le fuera impuesta por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo en el juicio por el llamado “Caso Ciccone”.
Asimismo, teniendo en cuenta el tiempo que estuvo detenido, Boudou ya quedó en condiciones de pedir salidas transitorias.
“No podemos permitir que las condenas por corrupción encuentren atajos para evadir su cumplimiento y transformarlas en irrisorias conforme a la gravedad de los delitos cometidos que afectan a todos los argentinos”, dijo el diputado nacional de Cambiemos Luis Petri, quien es el autor del proyecto, en diálogo con Vía País.
Y agregó: “Los beneficios por estímulos educativos fueron pensados para otorgar herramientas a quienes cometieron delitos para reintegrarse a la sociedad y no como atajos para aligerar la pena, trampeando el fin de la norma”.
Petri presentó el proyecto junto a sus pares Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Luis Juez, Álvaro Lamadrid, Carla Piccolomini, Omar de Marchi, Soher El Sukaria, Héctor Antonio Stefani, Francisco Sánchez, Julio Sahad, Adriana Ruarte, entre otros.
“No puede haber condenas que, pasadas por el proceso de ejecución de la pena, terminen en indultos encubiertos a partir de jueces indulgentes que otorgan indebidamente beneficios, tratándose de delitos de corrupción se debe exigir el cumplimiento íntegro de la pena sin posibilidad de beneficios y eso debe surgir expresamente de la ley y no de la voluntad y discrecionalidad de los jueces”, concluyó el legislador mendocino.
En el texto del proyecto citan el relevamiento realizado por la ONG Transparency International, que concluye que la Argentina en el último año descendió 12 lugares, al pasar del puesto 66 al 78 entre 180 países para su índice de percepción de la corrupción.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
