Rita Márquez
La justicia uruguaya decidirá esta semana si le otorgarán refugio a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, luego de ser citado a indagatoria por las supuestas presiones ejercidas sobre los accionistas del Grupo Indalo durante el Gobierno de Mauricio Macri.
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El operador judicial del macrismo había pedido la consideración de carácter de refugiado político ante la comisión de Refugiados (CORE). Pese a que era presidida por la cancillería uruguaya, la definición pasó a manos de la justicia luego de que la jueza federal María Servini solicite la detención y extradición de Pepín.
Según el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay, la justicia deberá tomar la decisión ya que “cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición”.
Adriana Chasmarián, titular del juzgado de Crimen Organizado de primer turno, será la jueza de la extradición que definirá el proceso. Deberá resolver el pedido de refugio y así fallar sobre la detención y extradición solicitadas por Servini.
Al conocerse la intervención de Chasmarián en el juicio, la defensa del parlamentario del Mercosur presentó un documento que pide fijar domicilio en Montevideo y poner a la jueza “en conocimientos de su situación”.
“La presentación (de Pepín) tuvo por objetivo evitar una posible detención”, analizó un abogado que sigue el caso y recordó una actitud similar que había asumido el también ex director de YPF cuando le presentó a Servini una copia del pasaje de Buquebus con el que presuntamente volvería a la Argentina a mediados de mayo, algo que no ocurrió.
La ley que regula el procedimiento establece que la magistrada puede pedir un informe a la CORE antes de tomar su decisión, aunque se espera que resuelva el pedido de refugio en un plazo inferior al que se habría tomado la Comisión (que tiene un máximo de 90 días).
La CORE está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, uno de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, que será siempre miembro invitado para las reuniones de la Comisión de Refugiados, con derecho a voz, pero sin voto.
Durante la semana, el Poder Ejecutivo uruguayo emitió algunas señales tendientes a hacer público que no tiene interés en frenar el avance del proceso a través del cual se definirá el futuro de Rodríguez Simón y, sobre todo, si es devuelto a la Argentina donde es investigado por la justicia.
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Según publicó el diario La Diaria, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, pidió al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, “tramitar en el menor tiempo posible” las acciones que conciernen al Poder Ejecutivo en el proceso de extradición de Rodríguez Simón.
Fuentes diplomáticas informaron que ese mensaje llegó de parte de Da Silveira al embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, a quien le advirtió que, a poco de recibir la orden de captura y el pedido de extradición de Pepín en la noche del lunes, la requisitoria había sido remitida a la justicia.
Pepín está imputado en la causa en la que se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge del expediente judicial.
Entre los imputados de esta causa están también el ex presidente Mauricio Macri, el ex titular de la AFIP Alberto Abad, el ex asesor presidencial José María Torello y al ex director de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía Javier Iguacel.
A Rodríguez Simón se lo acusa, además, de “haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019”, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes les habría advertido que si daban impulso a la denuncia penal en su contra habría “consecuencias negativas” para los negocios que tenían quienes fueron socios de López en las empresas que explotaban el juego de azar.