Eduardo Casal es el jefe de los fiscales federales desde hace tres años y tres meses. Está en el cargo de manera interina, en reemplazo de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, quien renunció el 31 de diciembre de 2017, después de que Cambiemos ganó las elecciones legislativas y por estar salpicada por una causa de corrupción.
Mauricio Macri propuso para cubrir esa vacante de manera permanente a la jueza porteña Inés Weinberg de Roca. Pero, en el Senado, el peronismo jamás le prestó los votos para nombrarla. Por eso, Casal siguió en el puesto.
Desde el 10 de diciembre de 2020, el kirchnerismo está presionando a Casal para que se vaya. Quieren poner a uno de los suyos en ese cargo. Pero el procurador general interino ya avisó que no va a renunciar hasta que el Senado no designe formalmente a su reemplazante.
O a menos que lo echen: la vía para removerlo es el juicio político, inviable para el oficialismo porque no tiene los números y probablemente ni siquiera las pruebas para consumar ese trámite en el Congreso.
A los pocos días de sentarse en el sillón de Rivadavia, el presidente Alberto Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas como jefe de los fiscales federales, pero desde entonces no consigue el apoyo de la oposición en el Senado, donde se requieren los dos tercios de los votos para que haya acuerdo por el nombramiento.
Por eso, con la mayoría absoluta del oficialismo (41 sobre 72 senadores), la Cámara Alta le dio media sanción a un proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) para terminar con esos dos tercios para la designación y bajar esa exigencia a mayoría absoluta.
En el Senado, la mayoría absoluta son son 37 votos. Es decir que al Frente de Todos (FDT) le sobrarían los votos para designar a cualquiera. Esa media sanción, además, establece un sistema de remoción que le permite poner y sacar al procurador prácticamente de un plumazo.
“Soria quiere que Diputados apruebe la ley K del Ministerio Público Fiscal, que permite designar al procurador solamente con la mayoría peronista en el Senado. Y modifica el jury para poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo. Obsesionados con la impunidad”, criticó el jefe del interbloque cambiemista de la Cámara Baja, el radical cordobés Mario Negri.
En el pantano
El problema para el oficialismo es que en Diputados la oposición rechaza esa media sanción. No solo Juntos por el Cambio (JPC) sino la oposición no cambiemista, a la que le pide los votos para sancionar leyes. Y así esa reforma no tiene manera de avanzar. El escenario sí podría cambiar si el FDT obtiene un triunfo en las elecciones. Pero, por ahora, la ley sigue como está.
En ese contexto, el flamante ministro de Justicia, Martín Soria, ya avisó cuál será su primera gran misión en el cargo: dijo que “hasta ahora” el juez Rafecas “es el único candidato” del Gobierno a procurador y que “Casal es insostenible”, porque, a su criterio, desde “hace tres años que no está respetando la ley”.
El kirchnerismo acusa a Casal de incurrir en una serie de incumplimientos a sus funciones, que la oposición considera meras excusas en su afán de querer sacárselo de encima para poner a otra Gils Carbó.
Podría ser Rafecas o podría ser Víctor Abramovich, procurador ante la Corte, cargo al que llegó con Gils Carbó en funciones, y firmante de la solicitada que dio origen a la agrupación kirchnerista de magistrados Justicia Legítima.
Soria defendió la media sanción del Senado y dijo que es la reforma del MPF es prioridad para el Gobierno, aunque afirmó que “no depende” de él el avance en el Congreso.
A Casal el kirchnerismo no lo puede correr de su lugar. El Gobierno quiere a uno de los suyos ahí, sospecha la oposición, porque, “manejando la acusación, pueden llegar al momento en que el fiscal no les sostenga un recurso y es así como se termina la persecución”.
“Es preferible tener a los fiscales para que no acusen que intentar arreglar con los jueces”, afirmó un referente de la oposición en diálogo con Vía País. “Necesitan el fiscal ante la Corte para que acusen o retiren acusaciones. Es mucho más práctico. Por eso están tan locos con el tema de Casal. Y por eso han retirado a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) de las querellas”, agregó.
¿Podrá Soria? Por ahora, tan solo palabras. A esperar las elecciones.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.