Rita Márquez
Cristina Kirchner realizará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que la causa por espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri, que la tiene como damnificada, pase a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
La expresidenta busca evitar que vaya a Comodoro Py, como resolvió este viernes la Cámara Federal de Casación Penal, en base al pedido de varios de los imputados.
A través de su abogado Carlos Beraldi, la exmandataria sostuvo que el fallo es “manifiestamente arbitrario” y de “gravedad institucional” para la democracia. Por eso, en su rol de querellante, hizo saber al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé su decisión de apelar.
Según el escrito de su letrado, afirmó: “A través de medios periodísticos he tomado conocimiento que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ha resuelto, por mayoría, declarar la competencia del fuero penal federal de la Capital Federal para que continúe con la tramitación de las causas en que me dirijo”.
La decisión a la que se refiere Fernández involucra a los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma (en disidencia), que resolvieron que el caso del espionaje que nació en Lomas de Zamora pase a los tribunales del barrio porteño de Retiro por una cuestión de competencia territorial: si las ordenes salieron desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el organismo de inteligencia tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires, así como también muchos de los domicilios vigilados.
“En consecuencia, por no encontrarse firme la decisión que ordena la remisión de las actuaciones a la justicia federal porteña, no corresponde y así lo solicito, que se cumpla con dicha medida, la cual habrá de generar perjuicios de insusceptible reparación ulterior. Por ello, las actuaciones deberán continuar su trámite ante esta sede hasta tanto el más Alto Tribunal defina la cuestión de competencia”, resaltó Beraldi en el escrito.
Son dos los procesos que ahora tramitarán los juzgados porteños, con intervención de la jueza María Eugenia Capichetti y el fiscal Carlos Stornelli: uno es por el espionaje ilegal sobre Cristina Kirchner en su departamento de Recoleta y en el Instituto Patria, mientras que el otro es por actividades de inteligencia tanto a referentes kirchneristas como de Cambiemos, así como a dirigentes sociales y sindicales.