El manejo que se hace de los contenidos en las redes sociales vuelve a estar en el centro de la escena: la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC) busca contrarrestar el dominio de quienes concentran el mercado, como Google y Facebook, y así, reforzar los controles en la gestión que hacen de la información y datos personales de los usuarios.

Según publicó Clarín, el organismo propuso 11 medidas de seguridad, que surgieron a partir de un informe sobre el impacto de los buscadores en el mercado publicitario​, donde se determinó que Google y Facebook se convirtieron en los intermediarios entre los medios de comunicación y la audiencia. "Esta posición dominante y el filtrado de noticias también pone a los consumidores ante un riesgo potencial de burbujas informativas y de verse expuestos a información menos fiables", detalla el artículo.

Google y Facebook se convirtieron en los intermediarios entre los medios y la audiencia (AFP)

Por su parte, el ente regulador, además denunció la falta de transparencia de los algoritmos que utilizan ambas plataformas, a la hora de jerarquizar la información. "La ACCC considera que la fuerte posición de mercado de plataformas digitales como Google y Facebook justifica un mayor nivel de supervisión reguladora", informó en un comunicado Rod Sims, presidente de la institución.

En 2017, las plataformas digitales en Australia concentraron el 51% del gasto publicitario. (AP)

Algunas de las 11 medidas regulatorias que se propusieron van desde impedir que se instale por defecto el Google Chrome, en dispositivos como celulares, computadoras y tablets, crear una autoridad que regule e investigue y  hasta supervisar cómo se priorizan los contenidos, tanto informativos como publicitarios. Además, propone establecer un procedimiento automático que retire los contenidos que violen los derechos de autor.

Las cifras son contundentes: el año pasado, las plataformas digitales en Australia concentraron el 51 por ciento del gasto publicitario. Esta propuesta, va en la misma línea que la norma sancionada en septiembre de 2018, por el Parlamento Europeo, que busca evitar que las plataformas digitales publiquen contenidos sin pagar autoría.