Se cruzaron las fechas de visitas de empresarios a funcionarios con los vuelos que hacía.


En un dictamen en el que reconstruyó “paso a paso” la ruta de los sobornos de Odebrecht en la Argentina, el fiscal Federico Delgado describió los llamados, visitas, viajes entre funcionarios públicos, empresarios brasileños y el “facilitador” Jorge “Corcho” Rodríguez. “Básicamente lo que hizo Odebrecht fue utilizar figuras jurídicas para disfrazar delitos como simples actos de comercio”, explicó.

La acusación está enmarcada en la causa en la que se investiga la construcción de dos plantas de potabilización y tratamiento de eflientes cloacales, y en la que el juez Sebastián Casanello procesó por administración fraudulenta a los ex funcionarios de AySA Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, y a empresarios de la construcción como Carlos Wagner y Benito Roggio.

Para Delgado, los funcionarios y empresarios argentinos “se adaptaron a ese esquema de sobornos” que la constructora brasileña instauró en 12 países para obtener contratos de obra pública.

La planta potabilizadora de agua de Paraná de Las Palmas (Tigre), fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellone Construcciones y Supercemento, supuestamente por un 25% más que su valor inicial de licitación: pasó de $1.838 millones a $2.600 millones. La obra demoró ocho años y se terminaron abonando más de $6.400 millones.

La segunda obra es una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Berazategui, que fue adjudicada al Consorcio Camargo Correa (firma brasileña investigada en el Lava Jato) y Esuco. Esta planta fue licitada por $324 millones en 2007, pero se adjudicó por $481,7 millones. Con cinco adendas firmadas para la redeterminación de precios, ​se terminaron pagando más de $859 millones.

El fiscal Delgado dio por probado que hubo “pago de sobreprecios y sobornos. “Hubo conectores dentro de la estructura del Estado que ‘negociaban’ en nombre de sus superiores y otros que se movían en el ámbito privado”, resaltó, en referencia a “Corcho” Rodríguez.

Según sostuvo, estos conectores “tenían un capital simbólico de tal magnitud que les permitían ‘acercar’ a ambas partes y para ello se valían de las famosas ‘consultoras’ y de sociedades offshore. Los conectores argentinos se parecen mucho a los doleiros brasileños”, concluye.

Para el fiscal, es una “certeza que Odebrecht (junto a socios locales) pagó sobornos en la Argentina”.

En el “paso a paso” de esta ruta de sobornos, se planteó que en las obras de AySA investigadas por Casanello, Odebrecht utilizó las firmas offshore Innovation Research Engineering Development LTD, Select Engineering Consulting and Services INC, Magna International Corp y Sabrimol. También se valieron de Southern Cross Aircraft LLC y el Meinl Bank LTD, uno de los dos bancos que la constructora brasileña elegía para canalizar esos pagos ilegales.

Entre 2011 y 2014, Odebrecht transfirió unos U$S 10.396.513 y € 684.283,5 a la firma Sabrimol Trading S.A, la cual estaría vinculada a “Corcho” Rodríguez, quien negó la acusación. Los responsables de esa empresa (de fachada) fueron Carlos Luis Dentone, Martin Molinolo, Pablo Correa Calcagno y Osvaldo Gandini.

Sin embargo, ellos a través de Bralex SA, su estudio contable y otras relaciones, conducen a Jorge Ernesto Rodríguez. “De hecho, Gandini se reconoció como su testaferro”, resaltó el fiscal.

En la indagatoria, Dentone dijo que Rodríguez era el verdadero dueño de la compañía. Asimismo, la firma Bralex S.A., sí reconocida por el “Corcho”, designó dos mandatarios en Sabrimol Trading y recibió de esta empresa transferencias de dinero.

Con los registros de audiencias, se cruzaron las fechas de visitas de empresarios a funcionarios con los vuelos que hacía Rodríguez a Uruguay desde el aeropuerto de San Fernando y se encontraron coincidencias sospechosas con los depósitos de las firmas off shore. La fiscalía plantea que esto podría responder al retiro de fondos en efectivo para luego distribuir entre los funcionarios involucrados, según publica Clarín.

Por otra parte, Delgado también sugirió que, ante las dificultades para obtener colaboración de Brasil por diferencias en la legislación relativa a los arrepentidos, “podrían enviarse al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación algunas partes del expediente para que pondere desde el ámbito de su competencia si es posible iniciar políticas en la materia o, eventualmente, reforzar las que están en curso”.




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