Es un proyecto que nadie más que los gobernadores esperan que se convierta en ley.


Con un amplio acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados avanzó este martes con el Régimen de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), un proyecto que nadie más que los gobernadores esperan que se convierta en ley. Lo más pronto posible.

La iniciativa del Gobierno les permite a las provincias renegociar sus deudas con la Anses en un plazo de ocho meses, con la tasa Badlar, de depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, a 30-35 días.

El texto que mandó la Casa Rosada establecía un interés más desfavorable (CER + 1%), pero se logró modificar a pedido de los diputados del interbloque Juntos por el Cambio (JPC), quienes, sin embargo, postergaron la decisión de acompañar el dictamen de mayoría hasta este miércoles, para estudiar en detalle todo el articulado.

Tras una larga discusión en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, en la noche del martes los diputados informaron con su propia voz, por videoconferencia, su decisión de firmar o no el dictamen al proyecto de consenso.

Los de JPC decidieron evaluar hasta mañana si se sumarán con sus firmas, si lo harán con disidencias parciales o si directamente presentarán otro dictamen, como lo harán, por ejemplo, los diputados trotskistas.

El proyecto con modificaciones, también negociadas y acordadas con JPC, obtuvo 27 de las 49 firmas posibles de la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, y 16 de los 31 que integran la de Previsión, que conduce Carlos Casaretto, ambos del Frente de Todos (FDT).

Sin perjuicio de que los diputados de JPC postergaron su decisión de acompañar el texto consensuado, se espera que en el recinto reciba un amplio apoyo y que sea girado al Senado, donde con seguridad será convalidado, no solamente porque esa es la cámara de las provincias sino porque allí el FDT tiene una mayoría invencible de 41 sobre 72 senadores.

Como consecuencia de la larga discusión sobre la iniciativa —de la que participaron la directora de la Anses, Fernanda Raverta, y el administrador del FGS, Lisandro Cleri, quienes respondieron preguntas de los diputados—, que se extendió hasta la noche, el debate del impuesto a la riqueza, que iba a realizarse este martes, se postergó para este miércoles a las 15, en la comisión de Presupuesto.

Qué dice el proyecto

La iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley 27.260, de Reparación Histórica a los jubilados, sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri, que establecía que el FGS —un fondo soberano de inversión, compuesto por diversos tipos de activos financieros, que administra la Anses—, debía ser destinado al pago de juicios millonarios realizados por jubilados para cobrar sus haberes de manera íntegra, conforme a la Constitución.

Ahora, con esta ley, se transfiere la responsabilidad de esos pagos al Tesoro de la Nación, que maneja el Ministerio de Economía, y, de esa manera, se pretende no desfinanciar al FGS.

El FGS, de todas maneras, servirá de asistencia financiera para cumplir el pago de los beneficios del SIPA, atendiendo al impacto que posiblemente haya ocasionado en los recursos previsionales la pandemia de Covid-19.

Una de las modificaciones al texto, también a instancias de JPC, fue que quede establecido que los pagos de la Reparación Histórica a los jubilados con acuerdos homologados con la Anses serán cubiertos en su totalidad sin poder fijarse límites.

Qué dicen en el Gobierno

“Queremos que el FGS cumpla con una finalidad, que es cubrir eventuales desequilibrios financieros del SIPA, en general, no solo de un programa (la Reparación Histórica). Por ejemplo, en este año, que es tan particular, puede ser una asistencia financiera para atenuar el impacto de la Covid-19”, les dijo Raverta a los diputados, durante el plenario.

En relación con los préstamos de la Anses con las provincias, dijo que para las jurisdicciones es “muy difícil resolver la obligación que tienen para con el FGS”, y que por eso el proyecto establece “un plazo de ocho meses para poder rediscutir, provincia por provincia, la deuda que tienen con el FGS”.

Por su parte, Cleri resaltó que “esta ley no modifica en nada la Reparación Histórica” vigente desde la administración Cambiemos.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.


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