La provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, pidió a los acreedores que presenten de buena fe una contrapropuesta a la oferta oficial de reestructuración de deuda. Fue este jueves, cuando entró en default al incumplir un vencimiento por 110 millones de dólares.
El gobierno de Axel Kicillof solicitó a sus acreedores "que actúen de buena fe", en un comunicado en el que destacó que el distrito "está haciendo un gran esfuerzo para avanzar en una solución que involucre a la gran mayoría de los tenedores de bonos".
En línea con el gobierno de Alberto Fernández, la administración provincial prorrogó hasta el 26 de mayo la negociación por la reestructuración de su deuda pública en dólares bajo legislación extranjera, por 7148 millones de dólares.
La oferta presentada en abril incluye un período de gracia de tres años, una quita del 55% sobre los intereses, y del 7% del capital.
El gobierno bonaerense decidió no pagar este jueves un vencimiento de 110 millones de dólares correspondientes a dos bonos, uno en euros y uno en dólares, incluidos en la reestructuración de su deuda.
"La capacidad de pago de la provincia es muy limitada", dijo el ministerio de Hacienda y recordó que la pobreza en la periferia de Buenos Aires "superaba al 40% de personas" antes de la pandemia del COVID-19.
"Mantenemos un diálogo continuo con aquellos acreedores que aún no aceptaron la propuesta y les hemos solicitado una contrapropuesta que sea plausible de implementar en el marco de la grave situación que atraviesa la provincia y en el marco de sostenibilidad que hemos definido", dijeron.
Horas antes, el grupo de bonistas Ad Hoc, que dice representar al 40% de los bonos en juego, reclamó en otro comunicado "negociaciones sustantivas para alcanzar una solución consensuada y exitosa".
Para el grupo, no pagar este jueves el vencimiento agrava "aún más la situación financiera de la provincia y la incertidumbre económica".
La negociación de la deuda bonaerense se hace en forma paralela a la de la reestructuración de bonos por unos 66.000 millones de dólares que lleva adelante el gobierno argentino y que se prorrogó hasta el 22 de mayo.