El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó concederle la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, detenido en prisión preventiva desde abril de 2016, al considerar que por sus enfermedades preexistentes está en el grupo de riesgo ante la pandemia del coronavirus.
Ahora, el pedido del fiscal será analizado por la Cámara Federal, instancia que podría resolverse este miércoles a pesar de la parálisis parcial que afecta a la justicia después de que la Corte Suprema declarara como "días inhábiles" a los comprendidos entre el 16 y el 31 de marzo.
Báez acumula 1.443 días preso bajo la figura de prisión preventiva. Fue detenido el 5 de abril de 2016 al aterrizar en el aeropuerto de San Fernando proveniente de la ciudad santacruceña de Río Gallegos, por orden del juez Sebastián Casanello en una causa por lavado de dinero.
La decisión de Marijuan se conoce un día después de que el empresario pidiera ante el juez Casanello y ante el Tribunal Oral Federal 4 prisión domiciliaria porque señaló que corre riesgo de contraer coronavirus en la cárcel de Ezeiza, lo que agravaría su cuadro de salud.
En los pasillos de los tribunales federales entienden que Báez podría ser liberado tomando en cuenta que la Cámara Federal de Casación ya instruyó a todos los juzgados que tengan en cuenta el impacto de la pandemia del coronavirus.
La Cámara ordenó dar prioridad a los trámites de excarcelaciones presentados por mujeres embarazadas o con niños, y por personas que pertenezcan a una población de riesgo por ser mayores de 65 años o tener problemas de salud.
Báez cumple las dos últimas condiciones. En el pedido de prisión domiciliaria que realizaron sus abogados defensores ayer, se argumentó que se encuentra en prisión preventiva desde hace casi cuatro años.
La defensa del empresario indicó que no hay riesgo de que se fugue ni de que perjudique la investigación. Y alegaron, además, que estando preso no puede defenderse adecuadamente y que en prisión corre peligro de contagiarse de coronavirus.
Báez está siendo juzgado por el caso conocido como "la ruta del dinero k", donde está acusado de haber lavado 65 millones de dólares de su empresa Austral Construcciones, provenientes -según la acusación que pesa en su contra- de hechos de corrupción y de evasión fiscal.
El empresario patagónico también enfrenta un juicio junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa en que la ex jefa de Estado está acusada de haber direccionado las obras públicas santacruceñas para beneficiarlo.