"Los fallos son adversos al Estado y a todos los argentinos", dijo el ministro tras una serie de fallos contra medidas impulsadas por el Gobierno.


El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que la Corte Suprema de Justicia “parece opositora” tras una serie de fallos en contra de medidas impulsadas por el Gobierno de Mauricio Macri.

Yo quiero creer que es una Corte independiente; tan independiente es, que parece opositora”, manifestó en declaraciones en radio La Red.

Y agregó: “Los fallos son adversos al Estado y a todos los argentinos, que van a terminar pagando las diferencias con sus impuestos”.

Al ser consultado por los imputados por casos de corrupción que fueron liberados tras las elecciones primarias, Garavano respondió: “Si eso fuera así, sería peligroso, porque podría anticipar un esquema de impunidad sobre hechos de corrupción que todos vimos. Por primera vez, hay funcionarios de altísimo nivel ya condenados, algunos incluso con sentencia firme”.

Asimismo, el ministro expresó su preocupación por las demoras en los inicios de los juicios orales por casos de corrupción.

“El foco hay que ponerlo en los juicios orales, donde se define si una persona es culpable o inocente. Sino estamos prejuzgando”, expresó el funcionario macrista.

Garavano dijo que no le gusta hablar de casos concretos, como podrían ser las liberaciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dado que definir sobre ello es una facultad que tienen los jueces. No obstante, consideró que las preventivas deberían aplicarse “excepcionalmente y en cada caso, frente a cada persona, la respuesta puede ser distinta”.

Entre los casos a los que hace referencia Garavano, se encuentra la decisión de la Corte sobre establecer que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias dispuesta por el Gobierno luego de las PASO no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.

También, cabe recordar el fallo resuelto por unanimidad que declara inconstitucional una resolución del Ministerio de Justicia de 2016 que recortaba en un 75% las reparaciones que podían reclamar aquellas personas que se vieron obligadas a dejar el país entre 1976 y 1983.

Con la colaboración de la corresponsalía de Buenos Aires.




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