Horacio Serafini
La Corte Suprema de Justicia rechazará por extemporáneo el pedido que le hizo el Gobierno nacional para que aclare los alcances de los fallos que suspendieron las rebajas de IVA y Ganancias dispuestos por decreto presidencial.
También desestimará por atípica la solicitud de la Casa Rosada de que convoque a una audiencia para "conciliar" con los gobernadores que presentaron la demanda cómo se cumplirán esas sentencias del máximo tribunal.
Tal es el criterio que prima entre los ministros de la Corte, según lo que este medio pudo escuchar el lunes de "la voz de los pasillos" del cuarto piso del Palacio de los Tribunales porteño, donde el quinteto supremo tiene sus despachos. De esa misma garganta salió la aclaración de que aquellos dos (extemporáneo y atípico) serán los argumentos de la respuesta a la administración de Mauricio Macri, aunque seguramente escritos en términos menos legos.
La respuesta de la Corte provendrá de la mayoría que conforman los mismos tres ministros que aprobaron la cautelar (suspensión) de los decretos que la semana siguiente a su derrota en las primarias firmó Macri. Con ellos eliminó el IVA a 13 productos de la canasta básica de alimentos y aumentó el mínimo a partir del cual pagan Ganancias los asalariados; dos medidas directamente apuntadas a recuperar el voto de las clases media y baja en las generales de próximo domingo 27.
Aquel trío de ministros son el cordobés Juan Carlos Maqueda y los santafesinos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Son "la mayoría peronista", como gustan denostarlos desde la Rosada, que hicieron lugar el martes pasado a la cautelar pedida por Entre Ríos, y que luego de extendió, por tratarse de los mismos planteos y argumentos, a las otras 14 provincias que fueron a la Corte. En su gran mayoría, peronistas-albertistas todas, salvo Santa Fe y Salta. Ni Córdoba, y menos aún Mendoza, estuvieron entre ellas. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia. Elena Highton no votó.
La intención del trío es que se apruebe pronto esa respuesta de rechazo al pedido que el jueves pasado, dos días después del fallo, le hizo por escrito el Gobierno con las firmas de los ministros de Hacienda, Hernán Lacunza, y de Producción y Trabajo, Dante Sica. Incluso pensaban hacerlo en el acuerdo (plenario) de ayer, pero esa posibilidad se desechó porque el presidente de la Corte recién regresó el lunes de un compromiso profesional en el exterior.
De todos modos, la decisión del voto de la mayoría de la Corte es hacerlo “lo más pronto posible, con seguridad” antes de las elecciones generales del domingo 27, dijo “la voz”. Será esa una manera de enviarle un mensaje implícito al Gobierno, que apenas se difundió el fallo y por vía del ministro de Justicia, Germán Garavano, tildó de cargado de intencionalidad política el fallo porque nunca antes habría habido uno de este tipo en pleno proceso electoral. Una acusación que retomaron Lacunza y Sica en su escrito: "No podemos concluir esta presentación sin señalar la oportunidad elegida por el tribunal para expedirse".
"Una falsedad", dijo "la voz", que se remitió a dos fallos recientes de la Corte para echar por tierra con la supuesta animadversión política del trío contra el gobierno Macri en medio de elecciones. Recordó que en el primer semestre de este año, en sendos fallos frustró las pretensiones re-reeleccionistas de los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de La Rioja, Sergio Casas, peronistas ambos, en vísperas comiciales.
La extemporaneidad a la que apelará la Corte es porque el pedido del Gobierno se produjo después del fallo, cuando entre ese hecho y la presentación que hicieron las 15 provincias pasó casi un mes. Durante ese periodo, y no tras el fallo de la Corte, es que el Ejecutivo debió hecho el pedido.
La atipicidad estará dada por el pedido del Gobierno de que sea la Corte quien convoque a una audiencia para “conciliar”, cuando se trata de dos poderes políticos, como lo son la Nación y las Provincias. “¿Qué tiene que hacer en eso la Corte?”, preguntó “la voz”. Y, con ironía, dijo: “estamos viendo si les mandamos a decir que gugleen las direcciones de los 15 gobiernos provinciales para que se pongan en contacto”.
Los fallos de la Corte están referidos a reclamos por pérdidas en fondos coparticipables que las provincias estimaron en 30 mil millones de pesos entre octubre y diciembre, periodo de vigencia de los cambios en IVA y Ganancias post Paso que decidió Macri. También a la presunta inconstitucionalidad de los decretos presidenciales sobre una materia (la coparticipación de impuestos) de exclusiva competencia del Poder Legislativo.