Se convirtió en ley el Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa “Santa Fe + Conectada”, más conocida como Ley de Conectividad. El objetivo es garantizar el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en todo el territorio provincial, para lo cual se autorizó a la Provincia a a tomar deuda por u$s100 millones.

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La iniciativa se plantea alcanzar a unas tres millones de personas en cuatro años, conectando todas las ciudades y comunas. Había sido uno de los principales proyectos enviados por el gobernador Omar Perotti en 2020, y ya tenía media sanción del Senado. Tras mucha negociación, finalmente salió la aprobación de Diputados con 39 votos a favor y 11 abstenciones.

Lo que no generó debate fue el crédito de u$s100 millones pedido al Banco de Desarrollo de América Latina, a una tasa de interés LIBOR + Margen del 1,97% anual y un plazo de amortización de 15 años con cinco de gracia. En general todos lo vieron muy favorable, más allá de que además, la Provincia deberá pagar de sus arcas u$s24,67 millones. Sin embargo hubo cuestionamientos sobre quiénes se quedarán con este multimillonario negocio, ya que se teme que sean grandes empresas de afuera, en perjuicio de pymes locales.

De acuerdo al Gobierno provincial, “Santa Fe + Conectada permitirá reducir la brecha a través del tendido de más de 4.000 kilómetros de fibra óptica, llegando así a las 365 localidades de la provincia (200 serán alcanzadas con banda ancha y 165 a través de radio enlace)”. De esta manera se terminará con la enorme falencia actual por la cual el 72% de las escuelas santafesinas no poseen conexión a internet para uso pedagógico.

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El aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia puso en evidencia la necesidad de modernizar la infraestructura educativa y adecuarla a las necesidades del siglo XXI, ayudando además a las economías productivas de todas las regiones santafesinas, sobre todo las periféricas y de bajos ingresos que carecen de estas conexiones.