La pandemia que azota al mundo desde hace un año y medio provocó severas consecuencias económicas, entre ellas la pérdida de miles de puestos de trabajo y comercios cerrados, lo que derivó en la disminución del pago de impuestos y servicios.

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En este caso, se pone el foco en los servicios que presta la Empresa Provincial de la Energía (EPE), donde un proyecto del diputado provincial Gabriel Real pide que se abstenga de gestionar cobros en concepto de intereses punitorios por todo el período 2020/21 en todas las categorías de usuarios santafesinos.

También se solicita que se proceda administrativamente con el trámite de calcular e imputar como pago a cuenta o crédito fiscal en favor de aquellos contribuyentes a los cuales se les haya facturado ese costo financiero y, habiendo realizado el pago correspondiente, se proceda con la conciliación económica pertinente. Lo que se busca es poner en igualdad de condiciones a todos los contribuyentes.

“Mediante este proyecto solicitamos una medida excepcional de parte de la EPE, con claros fundamentos a partir de la situación de público conocimiento. Estamos transitando un período caracterizado por un contexto económico, social y sanitario en crisis, y estamos convencidos de que no es momento de incorporar en el cuadro tarifario o en el sistema de facturación conceptos vinculados con el cobro de interese punitorios”, apuntó el legislador del Partido Demócrata Progresista (PDP).

En ese contexto, el conjunto de las actividades comerciales, de servicios, los oficios, los profesionales y las propias industrias recién en estos últimos días han comenzado a tener un proceso de reapertura de sus actividades y de manera segmentada, y todavía con ciertas restricciones en materia de ampliación de cupos, horarios y otros factores que tratan de volver a un contexto parecido al de pre pandemia.

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“Si buscamos darle una oportunidad de regularizar sus deudas a un grupo importante de contribuyentes que tienen atrasos impositivos y de servicios, como consecuencia de que vieron afectados claramente sus ingresos, el sentido común diría que debemos volver a plantear medidas extraordinarias en el marco de este contexto justamente extraordinario”, dijo el diputado del PDP.

En este sentido, consideró que las empresas prestadoras de servicios esenciales, y sobre todo siendo empresas estatales, deben ser objetivas en este punto y no pueden salir a cobrar por sus servicios impagos o pagos fuera de término, en la mayoría de los casos involuntariamente, un costo financiero absurdo. “En este momento se deben adoptar criterios solidarios y coherentes de funcionamiento, no se puede cobrar ‘por si las dudas’ o no se puede recurrir a un instrumento como el cobro financiero de intereses punitorios en este contexto de desorden global extraordinario”, finalizó Real.