Este lunes se puso en marcha el juicio a un empresario acusado de abusar de la hija de un amigo en Santa Fe. El caso tuvo gran repercusión en 2017 y la audiencia incial tuvo una demora llamativa debido a que uno de los abogados intervinientes se quedó afuera del debate por un corte de luz en su domicilio.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) asistió con la fiscal Alejandra del Río Ayala como representante a la par de la querella para la primera presentación. Previamente anunciaron el pedido de una pena de 15 años de prisión pefectiva para Alberto Hugo Dolinsky, imputado por un hecho registrado en 2014 en un hotel céntrico donde vivía entonces.

La otra parte interviniente resolvió participar de diferentes maneras. El defensor Raúl Berizzo se conectó por videoconferencia mientras su colega Germán Corazza estaba en la sala, pero la conexión se cayó. Cuando lo llamaron desde la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), confirmó que había sufrido un apagón e incluso preguntó si le podían mandar un electricista para revisar el problema.

Según informó Aire de Santa Fe, el tribunal integrado por Rosana Carrara, Sergio Carraro y Rodolfo Mingarini​ ordenó pasar a cuarto intermedio. Previamente, los patrocinantes del acusado pidieron la suspensión del juicio porque hubo inconvenientes para citar a testigos residentes en Brasil.

El enlace con el país vecino en el marco de la causa obedece a que allí se encuentra la madrastra de la víctima, también detenida por el mismo hecho a partir de un pedido de captura internacional que concretó Interpol.

El delito que busca probar el MPA tuvo lugar el 2 de enero de 2014, cuando "de acuerdo a las evidencias recolectadas y al relato de la menor en Cámara Gesell", Lindaci Da Silva Miranda y el imputado "tuvieron relaciones sexuales frente a la nena en la pileta del hotel. Después la obligaron a tomar whisky.

Según la hipótesis de los investigadores, Dolinsky luego violó a la niña de 11 años en el baño de su habitación con la complicidad de la pareja de su amigo. Por eso se lo acusó de abuso sexual con acceso carnal calificado en concurso real con corrupción de menores agravada.

Del Río Ayala recordó que el empresario maderero "formaba parte del círculo más íntimo de confianza del padre de la víctima" y que "había asumido junto a la mujer extranjera un deber de cuidado en relación a la niña".