Estiman que ambos acusados embolsaron un millón de pesos a través de una asociación ilícita.


La Fiscalía Regional de Santa Fe confirmó este domingo el pedido de 9 años de prisión para dos ex jefes de la policía provincial. Tanto Rafael Grau como Omar Odriozola son considerados cabecillas de una organización delictiva que facturaba falsas reparaciones de patrulleros.

La presentación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se refiere a la investigación sobre el funcionamiento del Departamento de Logística, también denominado D4. Para ambos acusados se solicitó además una inhabilitación especial por 10 años para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez argumentan que los funcionarios tuvieron un rol protagónico dentro de una estructura montada para “defraudar” a la administración estatal. Enfatizaron que se trata de personas que al momento de los hechos eran la “máxima autoridad de la policía” santafesina.

Los representantes del MPA atribuyeron a Odriozola una pérdida de $ 1.058.664,20 entre enero y agosto de 2015. El comisario presentó su renuncia en septiembre de ese año y Grau asumió como su sucesor luego de ser designado por el ministro de Seguridad provincial Raúl Lamberto, actual defensor del pueblo. En el caso de este último exjefe, la Fiscalía estimó que el perjuicio para las arcas estatales hasta febrero de 2016 fue de 958.385 pesos.

Según las pruebas recabadas por el organismo judicial, ambos jefes sostenían el mismo modus operandi para emitir facturas por reparaciones y compras de repuestos para vehículos oficiales. Aunque nada de eso ocurría realmente, la rendición de cuentas falsas perduró en el tiempo con cheques firmados y otros trámites administrativos de rigor.

La situación procesal de los uniformados se complicó el año pasado a partir de un procedimiento abreviado en el que se condenó a Facundo José Testi a 3 años de prisión condicional. Considerado como organizador de las maniobras en las que sus familiares tambíén participaban como proveedores de la policía, el arrepentido dio cuenta de que buena parte del dinero que cobraba iba a parar a los bolsillos de los conductores de la fuerza.




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