El Comité de Control Electoral (CCE) que presentó recientemente Juntos por el Cambio (JpC) realizó su primera denuncia penal por delitos electorales en la campaña del oficialismo hacia las legislativas del 14 de noviembre. Fue contra el gobierno de San Luis, que conduce el peronista Alberto Rodríguez Saá, por la utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales.

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En el escrito, que se formalizó este jueves a la mañana, se indicó que el gobernador puntano puso a disposición de los intendentes de su espacio “dinero líquido para aplicarlo a la campaña electoral”.

Fuentes de JpC consultadas por Vía País, indicaron que la denuncia en San Luis tiene como antecedente lo que sucedió en las elecciones de 2017, cuando “Rodríguez Saá perdió en las Paso y con el clientelismo dio vuelta la elección en las generales y metió dos senadores de la mayoría”.

El accionar también se enmarca en las gestiones que llevan adelante en la coalición opositora para custodiar los votos que consiguieron en las primarias y potenciarlo de cara a las generales, sobre todo, en las ocho provincias en las que se deben elegir senadores.

“Hay varios expedientes en trámite donde se gestionan adelantos de coparticipación para los municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado”, afirma la denuncia que fue presentada esta mañana.

Al respecto, indicaron que, sobre los anticipos de la coparticipación para los intendentes oficialistas, se denuncia que “todos fueron solicitados al mismo tiempo y con idéntica definición, como así también con la misma urgencia y plazo”. Estos anticipos se justifican en la presunta necesidad de “llevar a cabo una acción de ‘contención social’. Sin embargo, les permitiría a los intendentes oficialistas disponer de dinero líquido para aplicarlo a la campaña electoral”.

El Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

Además, se indicó que el gabinete de Rodríguez Saá solicitó “la creación de fondos rotarios por la suma individual e idéntica de $5 millones para cada dependencia, lo que supondría un gasto total de $85 millones. Esto escaparía a todo proceso de contratación ordinario al que además se le pretende dotar de un mecanismo de rendición de cuentas, excepcional, relajado e incontrolable que sería ejecutado durante la campaña electoral como consecuencia de que su razón de ser es dar respuesta inmediata a las ‘urgencias’ de sus ministerios”.

“Los denunciantes sostienen que las conductas denunciadas en la provincia puntana podrían configurarse como acciones típicas disfrazadas de asistencia social, mediante la posible extracción o desvío de fondos públicos para la financiación de actividades partidarias a través de la entrega de dinero en efectivo. Por su parte, los ministros y secretarios de Estado quedan en condiciones de otorgar subsidios en efectivo de hasta $ 50.000 y sólo se les exige la presentación de una mera declaración jurada como mecanismo de rendición de cuentas”, indicaron en JpC a través de un comunicado.

Seguido, remarcaron que toda esta maniobra permite “inferir que la intención es captar ilegítimamente el sufragio a favor de los candidatos oficialistas poniendo, en consecuencia, en circulación en el mercado financiero ese dinero con apariencias de licitud”.

Particularmente, se acusa a los funcionarios del gobierno de San Luis de ser “partícipes de delitos electorales que prohíben la actuación gubernamental o privada destinada a captar el sufragio de los ciudadanos, promover o desincentivar el voto a favor o en contra de determinados candidatos”. Entre los delitos que se le atribuyen son el de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos, peculado, falsedad ideológica y lavado de activos. Además, denuncian la violación de la Ley de financiamiento de partidos políticos.

Asimismo, se le solicita a la Justicia que disponga de una medida cautelar urgente, en la cual se ordene al gobernador Rodríguez Saá y a su gabinete que “se abstengan de disponer de fondos para el pago de subsidios o cualquier otra erogación de dinero que pudiera estar dirigida al condicionamiento de los electores” hasta las elecciones generales de noviembre.

La denuncia fue presentada por Jimena de la Torre, presidente de la asociación civil Bases Republicanas y representante del tercer sector en el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio, y por Ricardo Aníbal Endeiza, apoderado de la alianza electoral Unidos por San Luis que lleva como candidato a diputado nacional al actual senador Claudio Poggi.

Por su parte, Jimena de la Torre afirmó que “en caso de que se comprueben todos los delitos que hemos denunciado, pedimos a la Justicia que condene a los responsables con la máxima pena legal”, y agregó que “con este tipo de conductas, todo el oficialismo de San Luis dispone de ‘cajas chicas’ para manejar el dinero público de manera poco transparente y con intenciones electorales”.

El gobierno de Rodríguez Saá busca repetir lo que hizo en las elecciones del 2017, donde tuvo una dura derrota en las PASO y con acciones delictivas de este tipo logró revertir el resultado para las Generales, por eso es fundamental que habiéndose ya detectado de forma previa las maniobras, la Justicia actúe de manera inmediata, antes de que sucedan lo hechos” recordó de la Torre.

“No vamos a dejar que con la platita nos den vuelta la elección”

Los presidentes de los partidos que integran la coalición opositora Juntos por el Cambio presentaron el 1 de octubre el CCE, donde la titular del Pro, Patricia Bullrich, se encargó de resumir sus objetivos: “Nosotros no vamos a dejar que con la platita nos den vuelta la elección”.

Del evento, también participaron el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, y el de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro. Según explicó Cornejo, el CCE se creó en el marco de la mesa de JpC para realizar un control electoral de cara a los comicios del próximo 14 de noviembre. Y señaló que se atenderán las denuncias vinculadas con “la compra de votos y diversas manipulaciones”.

“Hemos hecho una red de control que incluye a los 24 distritos, por supuesto con énfasis en los que a Cristina Fernández de Kirchner más le preocupan, que son las 8 provincias donde se eligen senadores nacionales”, remarcó el dirigente mendocino.