El pasado sábado 9 de enero, y luego de que el asesor de Menores y Personas con Discapacidad de San Juan, Sergio Ruiz, solicitara la intervención quirúrgica a las autoridades del Hospital Rawson, se le practicó un aborto no punible a una mujer de 36 años de edad con un retraso mental moderado. Tanto la madre y la hermana de la paciente estuvieron de acuerdo con el procedimiento de interrupción del embarazo, el cual tenía 13 semanas de gestación. Por otro lado, el funcionario del Ministerio Público Fiscal junto a su colega Ernesto Escobar, actuaron en representación de los intereses de la mujer, según publicó Diario de Cuyo.

La hermana de la joven había presentado la denuncia en la Unidad Fiscal Anivi el pasado viernes por abuso sexual. Inmediatamente, el fiscal Alberto Martínez pidió que se abriera la investigación y por estos motivos, el juez del Cuarto de Instrucción, Diego Sanz, dio la orden a las autoridades del nosocomio que extrajeran material genético para poder así comparar las muestras con las del sospechoso de cometer el delito sexual.

El procedimiento se realizó en base al artículo 86, inciso 2 del Código Penal. El mismo contempla la práctica para una mujer discapacitada que haya sido víctima de violación o de un atentado al pudor. Por otro lado, se basaron también en la Constitución nacional, en pactos internacionales, convenciones a favor de la mujer y finalmente en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, la que avala la interrupción del embarazo a toda mujer que padezca un ataque sexual.

Según trascendió, la mujer de 36 años de edad que fue sometida al aborto no punible vive con sus padres y hermanos. Su embarazo, salió a la luz luego de que su hermana la llevara en diciembre al Hospital Rawson y allí comprobaran que, efectivamente, tenía 13 semanas de gestación.