Gabriel Meayar, tenía 51 años de edad, era hipertenso y trabajaba en el banco Nación. La semana pasada presentó síntomas de COVID-19, y el resultado del hisopado dio positivo. Su esposa y sus dos hijos también se contagiaron y los cuatro quedaron aislados dentro de la casa. Él murió el lunes pasado, en su casa, sin haber recibido asistencia del 148, el número telefónico al que llamaron insistentemente para pedir ayuda. Su familia denuncia al COE provincial y al gerente del Banco Nación por abandono de persona.

Cuando la familia Meayar se dio cuenta que estaba contagiada comenzó a llamar al 148 para pedir asistencia. Camila, hija de Gabriel, contó que le respondieron que se baje la aplicación para que les realicen en seguimiento correspondiente. “Eso nunca pasó, ya que nadie de salud se comunicó con nosotros después”, manifestó la joven de 22 años en una entrevista con El Tribuno.

Un médico particular les indicó qué remedios tomar pero la salud de Gabriel comenzó a empeorar. Comenzó a faltarle el aire, y dormía todo el tiempo, tampoco podía comer. “Desde el COE dijeron que no podían acercarse a la casa, que no podían hacer nada. Además, la obra social nos dijo que iba a hacer un seguimiento, pero llamaron recién ayer cuando mi papá ya había muerto”, recordó.

Gabriel quedó a la deriva y su cuerpo no resistió los embates de la enfermedad. Necesitaba internación pero nadie escuchó las súplicas de su familia. En la mañana del lunes, cuando el hombre comenzó a sentirse cada vez peor, su hijo decidió correr hasta Comisaría 7°. “Mi papá me dijo que se estaba muriendo”, recordó. Los policías, según cuenta la joven estudiante, llegaron al domicilio pero se limitaron a llamar a la ambulancia y les dijeron que no podían pasar. “Entre los tres comenzamos a practicarle primeros auxilios como pudimos a mi papá para mantenerlo respirando, pero al poco tiempo murió en los brazos de mi mamá”, relató Camila.

La familia Meayar decidió denunciar al COE por abandono de persona, y también al gerente del Banco Nación, jefe de Gabriel, por obligarlo a ir a trabajar suponiendo un riesgo para salud. “Fue abandono del Estado desde el primer momento, porque nunca recibimos asistencia del Gobierno. Del trabajo de él tampoco, ni la ART. Tan solo queremos que se haga justicia y dar a conocer esto, para que otras personas no tengan que pasar por esto”, concluyó.