Luego de un proceso que se inició la semana pasada, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Rosa Díaz de su cargo a la defensora oficial Civil 1 de Tartagal y dispuso inhabilitarla para ejercer cargos públicos por el término de ocho años.

Cabe recordar que a Rosa Díaz se le atribuyen las causales de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. La investigación contra la ahora exfuncionaria comenzó cuando Sandra Díaz denunció que sus dos hermanas Rosa y Paola (concejal) Díaz retenían dentro de una vivienda particular las donaciones que diferentes fundaciones habían enviado a las comunidades wichís del Chaco salteño.

A raíz de esta situación, Díaz fue suspendida de su cargo y se nombró a un defensor interino, el doctor Luis Veliz, quien informó sobre la existencia de carpetas de trámites guardadas en un armario sin haberse iniciado. “Tras un inventario se confirmó la existencia de 403 casos sin tramitar”, confirmó el defensor Oficial de la Provincia, Pedro García Castiella, quien también denunció este hecho a la Justicia.

Tras el jury, Rosa Díaz quedó destituida de su cargo pero la que sigue impune es su hermana Paola, conjuntamente acusada por retener y vender donaciones. Ella continúa en su cargo como concejal de Tartagal. “La impunidad que ostenta esa señora es increíble. No solo no pasó nada con ella sino que se la premió con la vicepresidencia del Concejo Deliberante. Para su remoción del Concejo se necesitan los votos de los dos tercios de los concejales y no creo que sea fácil conseguirlos, con el apoyo político manifiesto que tiene en Tartagal. Pero queda la denuncia penal en su contra, pendiente de resolución”, manifestó García Castiella a El Tribuno.