La vuelta a la presencialidad en universidades impulsa la demanda de alquileres en Rosario

Pese a que los estudiantes debieron cursar buena parte del año en formato virtual, sólo el 12,2% de los alumnos dio de baja su contrato de alquiler en Rosario, mientras que el 42,6% continuó habitando el inmueble durante la cuarentena y el 35,6% mantuvo el contrato vigente pese a no estar viviendo en esa propiedad. El regreso de más instancias presenciales ya está provocando un aumento en la demanda de departamentos en alquiler.

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Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que analizó los nuevos comportamientos de los estudiantes que cursan en las diferentes carreras de las facultades dependientes de esa casa de estudios, a partir del impacto de la pandemia.

Durante el segundo semestre de este año, la UNR volvió paulatinamente a la presencialidad, si bien fue dependiendo de cada carrera, muchas materias ya se pueden cursar de forma virtual o presencial. El formato “híbrido” (mix entre lo físico y online) sería lo que predominaría el cursado durante el 2022.

El estudio realizado indica que en el conjunto de estudiantes encuestados todavía no han sentido el pleno impacto de la nueva ley de alquileres, que redujo la cantidad de inmuebles disponibles para locación. La razón es que la mayoría de quienes ya se encontraban cursando sus estudios mantienen contratos firmados bajo la vieja normativa de alquiler. Por otra parte, es factible suponer que los alumnos no hayan ejecutado la totalidad de las búsquedas de vivienda, condicional a la modalidad virtual de dictado de clases que fue mayoritaria durante 2021.

Otro de los puntos analizados en el relevamiento fue el tipo de vivienda que alquilan los estudiantes, las cifras son contundentes el 81,37% de los encuestados alquila departamento mientras que sólo el 7,73% vive en pensiones. El restante 10,9% lo hace en casa de pasillo o bien casa al frente. El principal motivo del bajo porcentaje de estudiantes que vive en pensiones radica en los costos, en la actualidad el alquiler de una pensión estudiantil supera ampliamente los $12.000 que cuesta un monoambiente en alquiler en barrios como Echesortu o República de la Sexta.

El 43,38% de los estudiantes que alquila en pensión lo hacen por no tener acceso o posibilidades de ingreso a un departamento en su llegada a la ciudad. El informe también destaca la modalidad en que viven los estudiantes, si lo hacen solos en la vivienda que alquilan o bien comparten. Aquellos que viven solos representan aproximadamente 73% del alumnado, el esquema de convivencia dominante es el de vivir sin compañía y generalmente en un departamento. La convivencia con familiares tiene mayor peso cuando la vivienda alquilada es una casa o pensión y cuando el alumno tiene una edad menor o igual a 22 años.

Tomando la totalidad de la muestra, 40,85% del alumnado alquila por dueño directo y 59,15% lo hace por inmobiliaria. El alquiler por dueño directo tendría el beneficio de abaratar costos en materia de honorarios y requisitos como contrapartida, el inquilino acepta quedar más expuesto ante cambios en las condiciones de contratación del dueño de la unidad.

La modalidad predominante de contrato por inmobiliaria ocurre cuando se renta un departamento, en tanto que en el alquiler de casas (pueden ser compartidas con el propietario) predominan los contratos por dueño directo. Los alumnos mayores a 23 años tienden a establecer contratos por inmobiliarias en mayor proporción que aquellos con 22 años o menos. Este mismo grupo (menores de 22 años), enfatiza aún más el pago por parte de las familias como soporte económico al momento de solventar el alquiler en Rosario.

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Como conclusión el informe sostiene que los hogares que cubren los gastos por educación universitaria de sus hijos, tiene los suficientes recursos para mantener al menos a un miembro de la familia viviendo solo en algún tipo de vivienda, manteniendo todo lo demás constante (por ejemplo, nivel de precios). Aunque plantea la expectativa de que modificaciones significativas del precio de los alquileres (a la suba) como así también del costo de vida en la ciudad, puedan ser un factor de riesgo al momento de decidir la continuidad o no de estudios universitarios por parte de los alumnos.