Alberto Vargas y Marcela Montero están acusados por pedir 300 mil dólares para lograr la aprobación de obra. Quedaron grabados en una cámara oculta. En el allanamiento se encontraron armas e incluso pornografía infantil.


Los fiscales Daniel Báez y Juan Pablo Santos presentaron la acusación contra Alberto Vargas y Marcela Montero por “tráfico de influencias”. Para Vargas, además, se lo imputa de “tenencia de arma de fuego de uso civil condicionado y tenencia de arma de guerra” que fueron encontradas en el allanamiento a su departamento. Vargas fue exfuncionario provincial y, al momento del hecho, se desempeñaba como funcionario en la Municipalidad de Trelew.

Puerto Piramide

A fines de 2018, mientras el hotel se encontraba en proceso de aprobación de permisos, el desarrollador hotelero Marcelo Battilana recibió una solicitud de soborno. Una mujer le dijo que tenía vínculos con funcionarios y que podría obtener la aprobación final de la obra, que por razones de índole administrativas vinculadas al municipio de dicha localidad, no habían sido aprobadas. Pero le dijo que necesitaba 300 mil dólares.

MPF Chubut.

Battilana junto a la socia canadiense Amy Sharilyn decidieron realizar la denuncia ante el fiscal Daniel Báez. “Le pidieron U$S 300.000 dólares y le indicaron que Vargas, por sus vínculos políticos obtenidos durante su mandato como funcionario de la Provincia y su cercanía con los concejales de la comuna de Puerto Pirámides, iba a influir sobre estos para que aprueben la modificación de la ordenanza que le permitiese obtener la aprobación”, indicaron desde la fiscalía.

Puerto Piramide en el ojo de la Justicia.

Los imputados sostenían que “los U$S 300.000 eran necesarios para “arreglar” a cuatro concejales de Pirámides para que voten a favor de la modificación de la ordenanza, que Alberto estaba vinculado políticamente con el intendente de Pirámides”, indica el escrito presentado por los fiscales Daniel Báez y Juan Pablo Santos. El siguiente paso procesal es la realización de la “audiencia preliminar” para que un juez determine si el caso presentado por los fiscales va a juicio oral y público.




Comentarios