A finales del 2021, el Concejo Municipal aprobó la ordenanza N° 5331, que implicó una nueva normativa para la aplicación de fitosanitarios en el territorio de Rafaela. El debate demoró casi una década. Pero no terminó allí: el intendente Luis Castellano hizo un veto propositivo y dio un plazo de 6 meses para su aplicación. Esto fue aceptado por el Cuerpo Legislativo. El plazo venció el pasado viernes.

La normativa disponía un área de seguridad de sólo 50 metros, contra los 200 vigentes hasta el momento. Y creaba un cinturón ecológico de 150 metros, ampliables a partir de enero de 2025 a 250 en total. La gran diferencia era que, en la denominada “área de aplicaciones restringidas y fiscalizadas”, desde el límite de 50 metros y por otros 800 metros, se podían aplicar productos de banda verde, excepcionalmente de banda azul y los novedosos “productos de origen orgánico”. Ese fue el motivo del veto: Castellano quería que el SENASA le enviara información respecto de este tema.

Hubo, al menos públicamente, una sola reunión de la comisión creada por ordenanza para avanzar en la reglamentación de la nueva normativa. Y, recientemente, el intendente se reunió con los directivos de la Sociedad Rural de Rafaela para abordar este tema, entre otros puntos. De acuerdo a lo que pudo averiguar VíaRafaela, esta semana volverán a reunirse, para analizar la información que envió el SENASA.

Enrique Marchiaro, abogado de renombre y que participara como disertante en una charla realizada el miércoles pasado organizada por la agrupación “Rafaela sin venenos, por la agroecología”, contó a “Algo Dirán” (FM Galena, 94.5 Mhz) que “Los diferentes niveles del estado, tanto Ejecutivo como Legislativo, no están aplicando correctamente el principio precautorio. Y el caso típico es el de los agroquímicos”. Pero, ¿qué es el principio precautorio? “Es un principio internacional de la Ciencia y del Ambiente. Establece, básicamente, que, ante la falta de certeza científica no es óbice para tomar medidas en tanto y en cuanto haya un daño probable o grave que se pueda producir por una actividad productiva. El riesgo debe ser probable y de irreversibilidad”.

“Cuando esto comenzó hace 20 años, no había datos duros en la ciencia argentina. Pero en los últimos 10 años se hicieron y se comprobaron lo que se suponían que eran los riesgos invisibles, crónicos, sistémicos, acumulados, de los agroquímicos”, agregó.

“En Rafaela no hubo ningún caso registrado de un productor que viole la ordenanza, o genere alguna denuncia. Sí, claro: por lo que uno conoce, es gente correcta. Pero eso no significa que no esté contaminando(se) de modo crónico”, dijo.

Presentación de cautelar

El Ejecutivo está en una situación porque tiene que aplicar una norma que se votó, se vetó y que el Concejo aceptó. Allí se decía que la aplicación de productos biológicos, de 50 metros en adelante, estaba condicionada a un informe del SENASA. ¿Qué quieren que diga? Le dijeron al Concejo que no votaran eso porque era impracticable, porque los productos biológicos tienen algunas complicaciones, más allá de lo que diga el SENASA”, indicó Marchiaro.

Si entra en vigencia la ordenanza que se aprobó y el primer día hábil correspondiente vamos a establecer una medida judicial por la regresividad, con una cautelar inmediata para que eso no opere”, adelantó.

“Esto se le explicó a los concejales en personas, con el fallo Picorelli, que pasó esta cuestión. Y se la suspendió judicialmente. Es muy probable que esto se termine judicializando”, explicó.