IPRODHA le quitará la vivienda a quienes la alquilen y se la entregará al inquilino

La nueva resolución impide que personas que hayan accedido a un hogar social, la usen para lucrar.

Imagen Ilustrativa.
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Desde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) aprobaron un procedimiento de regularización de viviendas alquiladas de manera ilegal. Bajo este motivo se revoca la adjudicación original y pasaría a la persona o grupo familiar que haya alquilado la casa, esté en condiciones de demostrar que la alquila y habita una vivienda otorgada por el organismo.

La medida se conoció ayer mediante la publicación en el boletín oficial de la provincia de la resolución 205/18 donde también se estableció que el procedimiento "se dará en inicio por denuncia por la parte interesada que acompañe de documentación respaldatoria del arrendamiento por parte del adjudicatario de la vivienda, y tendrá como finalidad la readjudicación del hogar en cuestión, siempre y cuando se cumplan los requisitos básicos de regularización establecidos en las Resoluciones Reglamentarias Registro del Iprodha".

El artículo 3° de la norma instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos "a iniciar las acciones legales correspondientes contra toda persona física o jurídica, que realice actividades lucrativas con viviendas sociales pertenecientes al Iprodha, sea o no el adjudicatario de la misma, quien se verá impedido de acceder a cualquier beneficio que pudiera dar el Instituto", reza el comunicado.

Entre los fundamentos de la norma detallan que "el objetivo principal de este Instituto es la promoción y adjudicación de viviendas sociales, destinadas a familias del sector más vulnerable de la sociedad, que no se encuentran en condiciones de acceder a la vivienda única a través del mercado inmobiliario tradicional".

"El destino dado por los adjudicatarios de dichas soluciones habitacionales no ha sido el tenido en miras, y se han detectado transgresiones a las normas, a través de su utilización como parte de una actividad lucrativa. Ello demuestra que no existe la necesidad de habitarla por parte de su adjudicatario, lo que claramente colisiona con los principios básicos de la política habitacional llevada a cabo por la Provincia de Misiones", asegura el documento. Según publicó Primera Edición.