Ciudad a ciudad, Argentina en red
| viernes, 05 de junio de 2026
Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de “la banda de los copitos”, se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para ver a los jueces de la Cámara Federal que en estos días deberán resolver su situación: confirmar su procesamiento o liberarlo en el marco de la causa que investiga el ataque a Cristina Kirchner. Por su lado, Agustina Díaz, otra de las detenidas, siguió la audiencia por zoom y pidió que la liberen.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal deben revisar por primera vez las pruebas de la causa. Fernando Sabag Montiel, el hombre que le apuntó a la vicepresidenta, y su novia, Brenda Uliarte, no apelaron el procesamiento que los consideró coautores del delito de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.
Entre las quejas que se escucharon en esta jornada estuvieron la calificación elegida por la jueza, la interpretación de los chats que pusieron presos a Carrizo y a Díaz, las pruebas producidas en el expediente para las partes y las críticas a los legajos secretos. Asimismo, la defensa de Carrizo consideró que, desde su punto de vista, Capuchetti estaba “presionada” políticamente. Por otro lado, citando al jurista Eugenio Zaffaroni los defensores señalaron que el delito de matar a CFK fue de “comisión imposible” porque el arma no tenía bala en la recámara.
La audiencia estuvo encabezada por los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens (Leopoldo Bruglia está de licencia). Duró más de tres horas y, en ese marco, la querella de la vicepresidenta reclamó que los procesamientos sean confirmados. Asimismo, concedió que se les baje los embargos y la aplicación del agravante de la alevosía, como solicitaba la defensa en sus escritos.
Del lado de Díaz, pidieron revocar el procesamiento dado que la chica “no estaba al tanto del intento de homicidio que iba a llevarse adelante”. En tanto, la defensa de Carrizo denunció un “absoluto estado de indefensión” para con su cliente por las pruebas que se les permitió llevar adelante. A la vez hablaron de “incoherencia” por el fallo que consideró al “jefe de los copitos” como un cómplice secundario.
“Por favor tomen la decisión correcta. Estoy ahí encerrado pensando por qué hice una joda así... Yo no sabía. Hasta el momento, lo juro, pensé que Brenda no tenía nada que ver, hablamos de ir en enero a trabajar. Nunca sospeché que ella era parte de eso, nos vino con otra versión. Yo ya me quiero ir de ahí... No soporto más… Perdón, disculpen”, dijo angustiado Carrizo. Por su lado, Díaz manifestó: “Yo también espero que tomen la decisión adecuada y me permitan volver a mi casa junto con mi familia. Tengo la suerte de que mis papás me visitan constantemente y en ningún momento me dejaron sola, solo pido volver con mi familia”.
Los jueces Bertuzzi y Llorens obtuvieron una cantidad importante de argumentos a favor y en contra del procesamiento dictado el 30 de septiembre por la jueza María Eugenia Capuchetti, que consideró que “los sucesos del 1° de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz”. Entonces, también determinó que tanto Carrizo como Díaz fueron cómplices secundarios.
“Hay dos formas en las que habría contribuido (Carrizo): a través de la entrega de un arma calibre 22 y en al planificación del atentado. Entendemos que son dos colaboraciones separadas, con una entidad criminal complementaria. La defensa dice que si hubiera prestado el arma, el hecho intentó cometerse con una Bersa, entonces ese aporte no habría sido para este hecho. Pero el ya prestar el arma es relevante”, dijo el abogado de la vicepresidenta Marcos Aldazabal. Y agregó: “Estamos en un escenario complejo donde se intentó atentar contra la vida de una figura pública en un lugar lleno de gente”.
“La planificación existió, lo muestran los mensajes y está acreditado con el grado necesario en esta instancia. Hay un cúmulo de pruebas con que queda muy clara la participación de Carrizo”, subrayó. También hizo referencia a la declaración de Jacqueline Mamani, expareja de Carrizo, quien señaló que el detenido le había adelantado que “le iba a salir un negocio groso”.
“Hay una intención de querer hacer pasar esto por humor negro. De la lectura de los mensajes, si fuera uno solo, tal vez lo consideraríamos de otra forma. Pero son muchos mensajes. Por qué le haría una broma a Brenda Uliarte que estaba en el hecho. Andrea parece preocupada en la conversación, no parece que le estén haciendo un chiste”, analizó el letrado.
En tanto, sobre Agustina Díaz, la querella se detuvo en las conversaciones en las que Uliarte le avisaba que iba a matar a la vicepresidenta y Agustina le decía “por eso te amo”. “Era importante la aprobación de Díaz. La prueba es suficiente para la participación secundaria”, señaló.
Para Javier Molina y Marcelo Herrera el fallo que dictó la jueza Capuchetti es “arbitrario, antojadizo y subjetivizado”. Incluso Molina señaló que a la jueza “le faltó coraje” para dictar una falta de mérito y liberar a Díaz.
“Nunca pudo mostrar de qué manera cooperó”, argumentó. El abogado usó la audiencia para leer los mensajes, según él “descontextualizados”, mientras la detenida lo escuchaba desde la cárcel, por zoom. El abogado mencionó que cuando Brenda le dijo que iba a matar a la funcionaria, Díaz le respondió: “¿Otra vez?”. “Como diciendo que no siga con lo mismo”, aclaró. Y agregó: “Díaz no formó parte ni cooperó en la planificación del atentado”.
“Agustina no está incitando, ni está prestando asentimiento de ninguna manera; el aporte no existe y no existen testigos para decir que hay un plan previamente acordado, diseñado y estudiado por los cuatro”, insistió.
La defensa también apuntó a que el Código Penal exime de punibilidad del delito de encubrimiento a amigos íntimos. “Estamos ante una causa enorme, pero el procesamiento debe ser revocado”, expresó.
“El estado de indefensión en que se colocó a mi defendido ha sido caprichoso”, afirmó el abogado de Carrizo, Gastón Marano. También pidió a la Cámara Federal que revise “el plazo del secreto” fijado por la jueza y que dicte la nulidad del procesamiento.
La defensa puso el foco en que su cliente no participó del atentado. “No quiero especular cuáles fueron los elementos de presión o externos que llevaron a la jueza a tomar esta decisión... Todos sabemos que se encontraba presionada”, dijo, haciendo referencia al llamado del presidente Alberto Fernández a la magistrada. Y añadió: “La falta de mérito no vino porque hubiera implicado la libertad de Carrizo y hubiera sido impopular”.
“Se allanó de todo. Se ha dado rienda a suelta todos los allanamientos que se han pedido. Se incorporó al expediente, por pedido de la querella, llegó a allanar una empresa de servicios médicos porque (Carrizo) había llamado por un psiquiatra para su hermano... Pero nadie vio el arma tampoco. ¿Se llamó a declarar a una ex pareja para que hable mal de Carrizo? Ella también dijo que no tenía armas y que pertenecía a grupos que mentían con eso. O sea: o es una mente criminal que colaboró con Sabag Montiel y Uliarte o es alguien que no tuvo la inteligencia de darse cuenta que esos mensajes iban a ser incriminantes. No pudo ser las dos cosas”, enfatizó.
Al mismo tiempo, señaló: “El procesamiento no tuvo en cuenta la propia conducta de Carrizo que vino, entregó su celular, trajo a otros a declarar… ¿Por qué Carrizo no borró las conversaciones? ¿Será que no es la mente criminal que nos pintan? No las borró porque no las consideró importantes. No hay otra manera de interpretar esto”.
El abogado cuestionó, además, los agravantes firmados por la jueza y solicitó que se revoquen. De esta manera, la tentativa de homicidio simple permitiría una excarcelación por la escala penal en juego. “Carrizo es inocente, esta es la instancia para evaluar si no se ha permitido que se defienda en la instrucción y se estaría pretendiendo que se defienda en juicio. Con la situación de indefensión no puede sostenerse este procesamiento”, aseveró.
Redacción Vía País