Carolina Ramos
Tras el retiro del capítulo fiscal y algunos consensos alcanzados durante el fin de semana con la oposición “dialoguista”, la “ley ómnibus” ya tiene fecha de tratamiento: será este miércoles y las estimaciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hablan de un debate “de 40 horas”.
Durante este mediodía, Menem estuvo en el recinto de la Cámara junto a asesores para monitorear aspectos técnicos de la votación, mientras en simultáneo avanzaba una reunión de Hacemos Coalición Federal, el bloque liderado por Miguel Pichetto.
“Vamos a tratar de sesionar el miércoles”, informaron a la prensa acreditada en el Congreso allegados al presidente de la Cámara, quien convocará a una reunión de jefes de bloque este martes, en horario a confirmar, para ordenar la sesión.
“Conseguimos una propuesta inmejorable. No estamos alterando el norte de la libertad y el equilibrio fiscal. Tenemos las herramientas para hacerlo igual sin la ley. Cómo queda, se va a resolver en el recinto”, afirmaron.
El dictamen quedó con 525 artículos, contemplando el paquete fiscal que ahora se dejará de lado. De los artículos que quedan en pie, muchos sufrirán modificaciones, que serán anunciadas en el recinto por el cordobés Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), quien presidió el plenario de comisiones donde se trató el “megaproyecto”.
El retiro del capítulo fiscal descomprimió la tensión con la oposición “colaborativa”, que se encaminaba a voltear la suba de retenciones y también mostraba dudas sobre el cambio en la movilidad jubilatoria por el empalme entre la fórmula vigente y la que ahora se proponía.
Sin embargo, aún quedan en pie varios puntos conflictivos, como la privatización de 36 empresas en un mismo anexo. El dictamen estableció que en todos los casos debe intervenir la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.
En este punto, Hacemos Coalición Federal, la bancada liderada por Pichetto e integrada por la Coalición Cívica, el cordobesismo, el socialismo y otros espacios, pide que el Congreso tenga una injerencia total: proponen que la bicameral tenga un plazo máximo de 30 días corridos para emitir dictamen sobre cada empresa, y que luego tenga que ser aprobado en ambas cámaras.
Cabe recordar que el listado original era de 41 empresas, pero se excluyó del listado a YPF, mientras que otras tres compañías, Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat, serán privatizadas de manera parcial, garantizando el control mayoritario estatal.
Por otra parte, se recortó aún más la cantidad de emergencias: quedarían en pie la económica, la financiera, la fiscal, de seguridad, la tarifaria, la energética y la administrativa, y se eliminarían las de salud, defensa, social y previsional. Es decir, que de las 11 originales, se mantendrían solo siete.
En esas áreas, se le delegarán facultades al presidente Javier Milei por un año, con posibilidad de prórroga por uno más mediante autorización del Congreso.
Asimismo, el Poder Ejecutivo habría aceptado retirar del proyecto los artículos que modificaban el financiamiento de las campañas electorales, para (entre otras cosas) reducir el aporte estatal y eliminar el tope de aportes privados. Ya se había dado marcha atrás con la implementación del sistema uninominal y la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).