Carolina Ramos
Con el escándalo en la Cámara de Diputados todavía fresco y un inminente veredicto judicial que podría sacudir al país, el Frente de Todos enfrenta el desafío de recomponer el vínculo con una oposición en pie de guerra, para avanzar con leyes importantes para el Gobierno antes de que termine el año.
La relación entre el oficialismo y Juntos por el Cambio quedó resquebrajada y nadie se anima a arriesgar cómo seguirá el trabajo parlamentario después del huracán que se vivió el jueves. Si bien hubo algunos contactos informales entre diputados de diferentes bloques, el clima reinante es de incertidumbre.
“Con esto, no hay más sesiones hasta el año que viene”, pronosticó un representante de la oposición en estado de furia al abandonar el recinto. “No sé cómo se va a recomponer una situación que llegó a un límite”, esbozó, a su vez, el kirchnerista Rodolfo Tailhade, involucrado en la disputa por el Consejo de la Magistratura.
Es que la pelea no se agotó en el Congreso, sino que continuó en las redes sociales con insultos y descalificaciones cruzadas, y hasta un proyecto presentado por el Frente de Todos para expulsar de la Cámara al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, por un gesto obsceno hacia Moreau en medio del griterío.
Del otro lado, Juntos por el Cambio preparaba nada menos que tres pedidos de expulsión: contra Moreau por “violar al reglamento”; contra Tailhade por acusar al partido centenario de ser “sodomizado por (Mauricio) Macri”; y contra la oficialista Blanca Osuna por tratar a Gerardo Milman (PRO) de “asesino”.
¿Nuevo intento?
Por lo pronto, Juntos por el Cambio evalúa pedir una nueva sesión preparatoria para que las autoridades de la Cámara sean votadas y no se prorroguen sus mandatos automáticamente. “(Cecilia) Moreau no tiene legitimidad”, advirtió un legislador opositor.
En el Frente de Todos tampoco pierden la esperanza de volver a convocar a una sesión para ratificar a Moreau y retomar el carril institucional, aunque el reglamento habilita la continuidad de todas las autoridades en su artículo 37, imposibilitando que se produzca acefalía.
Pero para citar a una preparatoria, el mismo reglamento pone plazo hasta el 10 de diciembre. Y hay dos obstáculos para sesionar la semana próxima: el feriado largo y, principalmente, la sentencia del martes en la causa Vialidad, donde la principal acusada es la vicepresidenta Cristina Kirchner.
De uno y otro lado coinciden en que, más allá del conflicto por el Consejo de la Magistratura, lo vivido en Diputados fue la antesala del veredicto judicial sobre Cristina, que promete llevar la tensión política al máximo.
Por su parte, los bloques “anti-grieta”, que son espectadores de la disputa, intentan llevar moderación y esperan que se calmen las aguas. “No hay que apurar las cosas la semana que viene por los acontecimientos. Tenemos que trabajar para retomar la agenda”, analizó un diputado que intentó tender puentes.
Leyes pendientes
De las leyes pendientes, hay dos que le interesan particularmente al Gobierno. Una tiene que ver con la nueva moratoria previsional, para que unas 800.000 personas puedan jubilarse sin los años de aportes. El día anterior al escándalo, el Frente de Todos consiguió el dictamen mayoritario en comisiones y quedó a un paso de sancionar la norma.
El otro proyecto que le importa a la Casa Rosada (y que había quedado muy cerca de un acuerdo con la oposición) es una reforma integral del sistema para prevenir, perseguir y castigar los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El denominador común de las dos iniciativas es que urgen los tiempos. La moratoria actual vence a fin de año, y en el caso de la legislación sobre lavado de activos, responde a una exigencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que tiene previsto realizar una revisión en Argentina en 2023.
También hay otros proyectos que el oficialismo pone en un segundo plano: la ley de beneficios fiscales para la agroindustria (se trabó en comisiones); la ley para promover el reciclado de envases (aseguran que “está cerca la aprobación pero hay un lobby muy fuerte”) y un tercer proyecto para fomentar la fabricación nacional de maquinaria agrícola.