Esta mañana y frente a la Casa de Gobierno centenares de trabajadores de la Unión Obreros de la Construcción (Uocra) se manifestaron, con pancartas y bombos, en apoyo al Ejecutivo de Mendoza, a fin de que avance la construcción de la megaobra Portezuelo del Viento.

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Desde el gremio estiman que la realización de esta importante obra hidroenergética permitirá crear unos 3.000 puestos de trabajo directo, dando respuesta a muchas familias que atraviesan situaciones complejas.

El secretario general de la Uocra mendocina, Miguel Ponce, destacó que “esta convocatoria movilizó a los compañeros desocupados, para reclamar por el proyecto que el Gobernador Suarez anunció que se encaminaba a realizarse”.

El gremialista detalló que “actualmente en la provincia hay cerca de 7.000 desocupados en el sector y que durante los meses más duros de la pandemia llegaron a ser más de 8.000, aunque luego, con la reactivación de la obra privada, mejoró un poco las cosas. Pero esto no alcanza y con Portezuelo se sumarían cerca de 3.000 puestos directos, pero unos 6.000 indirectos”, según expresó a Los Andes.

Ponce explicó que no comprende “qué intereses podrían hacer que una obra que significa trabajo para los mendocinos no se lleve a cabo, después de años de estudio y de que se hicieran todas las presentaciones que se solicitaron”.

“Vamos a apoyar a este Gobierno o al que sea y que hable de trabajo. La necesidad es muy grande. Nuestra gente pide trabajo para sostenerse por sus propios medios y mantener a sus familias dignamente, creo que las cartas están jugadas, y nosotros apostamos a la dignidad del trabajo”, aseguró Ponce

El conflicto por Portezuelo

Portezuelo del Viento fue una obra que nunca estuvo exenta de la polémica, ya que la resistencia de La Pampa a su construcción viene desde hace años. Pasó a ser una obra clave anhelada para el desarrollo mendocino, a un proyecto que comienza a ser rechazado por algunos sectores, en especial de algunos que en otros momentos la defendían.

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El mes pasado, un grupo de empresarios le envió una nota al gobernador Rodolfo Suarez pidiendo frenar la licitación de la represa proyectada sobre el río Grande en Malargüe. Días después, tres reconocidos juristas locales acudieron a la Fiscalía de Estado para solicitar lo mismo con el argumento de un inminente daño patrimonial. Un hecho llamativo es que, tiempo atrás, algunos de estos actores respaldaban el avance del proyecto, según publicó Los Andes.

Los firmantes de la carta fueron la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear; Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín; Cecitys; Federación Agraria Argentina; Acovi; Coninagro; Sociedad Rural de San Rafael; Cámara de Empresas Constructoras Independientes (Cecim); y Aderpe.

Pero, desde el Gobierno de Mendoza, existe el convencimiento de que detrás de estos cuestionamientos hay intereses de empresarios que quedaron afuera de la licitación y también conjeturan que hay una intencionalidad política subrepticia de parte de un sector peronista no alineado con el kirchnerismo.

Para finalizar, y previo a ser recibido por los ministros de Gobierno; Víctor Ibáñez; de Economía, Enrique Vaquié; y de Infraestructura, Mario Isgró; Ponce exaltó: “Ya se discutió demasiado esta obra, es hora de concretarla”.