El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Zonas Frías que amplía el régimen de beneficio en las tarifas de gas para usuarios residenciales, de las zonas del país que son afectadas por las bajas temperaturas invernales, e incluye a Mendoza. Luego de un debate de más de seis horas en el que la iniciativa obtuvo el respaldo del oficialista Frente de Todos y de un sector del opositor interbloque de Juntos por el Cambio que votó dividido.

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La iniciativa, que había sido aprobada a principios de mes en la Cámara de Diputados, recibió en el Senado 51 votos a favor y doce en contra.

El proyecto, que ahora es ley, modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021 para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

Además, reduce en alrededor del 50 por ciento las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares. También contarán con el beneficio a los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

También la nueva ley prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.

La votación

Mientras el oficialismo votó en bloque a favor del proyecto, el principal interbloque de la oposición se dividió y sólo ocho de sus integrantes apoyaron la propuesta porque beneficiaba, puntualmente, a las provincias que representan: los jujeños Silvia Giacoppo y Mario Fiad, la santacruceña María Belén Tapia, los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay; el puntano Claudio Poggi, el sanjuanino Roberto Basualdo y el fueguino Pablo Blanco.

El titular de la bancada oficialista, José Mayans, defendió la política energética del gobierno de Alberto Fernández y atacó a la administración de Mauricio Macri al argumentar que “las energéticas en el año 2019 fugaron 7500 millones de dólares”.

En cambio, su colega de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sostuvo que “detrás de esta buena intención, estamos perdiendo de vista que entramos en una pendiente que eliminó la posibilidad de que este país sea autosuficiente en materia energética”.

Por su parte el oficialista neuquino Oscar Parrilli, sostuvo que “todo ciudadano, sea rico o pobre, tiene derecho a pagar una tarifa que corresponda al costo del servicio que recibe”.

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“Si es excesivo, aunque viva en Puerto Madero, no tenemos que hacerle pagar una tarifa que no corresponde. ¿Por qué le vamos a hacer pagar el gas diez veces lo que realmente se beneficia?”, explicó.

Su compañera de bancada, la mendocina Anabel Fernández Sagasti mencionó que “un tercio de los argentinos serán beneficiados por esta ley”. “Esto es un paso fundamental en nuestro camino de reconstruir una Argentina que garantice derechos”, sentenció.

Por el contrario, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado aclaró que no estaba “en contra de subsidiar a los que menos tienen”, pero cuestionó que “se van a subsidiar a quienes no necesitan los subsidios y, en el camino, el país perderá la soberanía energética”.

En la vereda de enfrente, su compañera de bancada, la jujeña Silvia Giacoppo, argumentó que “con este proyecto cumplimos con la manda constitucional que nos impone acciones para que logren la igualdad positiva de nuestra población”. Fuente Los Andes