Redacción LAVOZ
La tensión entre los manifestantes que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la Policía volvió a escalar en Perú este viernes a la tarde con la toma e incendio de las instalaciones de una mina en Cusco, el reporte de otro incendio en un centro binacional en la frontera con Bolivia y también en Lima, donde cerca de 2000 manifestantes gritan consignas contra el Gobierno a escasos metros de una nutrida formación policial, en lo que puede ser el preludio de nuevos enfrentamientos como los que se vienen sucediendo desde hace más de 40 días, con un saldo acumulado de 44 muertos y cientos de heridos.
En Cusco, un grupo de manifestantes ingresó este viernes al campamento de la mina Antapaccay para exigir que paralicen por completo sus actividades en solidaridad con la población que acata un paro en reclamo de la renuncia de Boluarte y el llamado anticipado a elecciones presidenciales y legislativas.
Según reportó el sitio RPP, el personal de la mina intentó establecer un diálogo, pero todo terminó en una confrontación en la que partes de las instalaciones terminaron incendiadas.
Desde adentro de la mina Antapaccay los manifestantes repelían esta tarde a piedrazos a los efectivos de la Policía Nacional que intentaba ingresar para controlar la situación.
En tanto, otro grupo de manifestantes intentó tomar hoy el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, en Cusco, pero la Policía consiguió despejar la zona y la aeroestación volvió a operar con normalidad.
Otro incendio se registró a primera hora de la tarde de hoy cuando un grupo de manifestantes ingresó en el Centro Binacional de Atención en Frontera de Desaguadero, esta institución se encuentra entre las comunidades de Carancas y Lupaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, reportó el diario boliviano Los Tiempos.
En Lima, en tanto, las marchas y manifestaciones se hacen notar en varios puntos de la ciudad, aparte del grupo que se concentra frente a la Policía en proximidades de la Plaza San Martín, en el centro histórico de la capital peruana y en varias zonas se registraron disturbios aislados durante la jornada.
Más temprano, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, uno de los organizadores de las protestas, anticipó que las manifestaciones contra la presidenta Boluarte, que reúnen en Lima a miles de personas venidas de las zonas andinas e incluyen bloqueos de vías en varias partes del país, van a continuar.
“La lucha va a continuar en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte y los otros puntos de la agenda, como las elecciones este mismo año y el referendo para la (Asamblea) Constituyente”, declaró López.
“Las personas que llegaron a Lima y que permanecen en la ciudad piensan movilizarse hoy (viernes) nuevamente, aunque aún no está claro cómo”, había declarado el dirigente gremial, según reportó la agencia de noticias AFP.
“La jornada del jueves fue un éxito. Los trabajadores paralizaron sus actividades. En Lima la marcha era pacífica, pero la policía comenzó los ataques con gases lacrimógenos, perdigones e incluso balas”, denunció el líder sindical.
Hasta anoche, la Defensoría del Pueblo registraba 44 muertes -43 de manifestantes y un policía- desde el inicio de las movilizaciones a principios de diciembre, con la destitución en encarcelamiento del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.
Otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo, horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo con mociones de censura.
Por su parte, Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país tras la multitudinaria manifestación que se desarrolla en varias regiones, incluida la capital, Lima.
La situación está controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el estado de derecho. El Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca?, aseguró anoche en un mensaje televisado en el que se la vio rodeada por algunos de sus ministros.
Sin embargo, hoy las protestas de habitantes de zonas rurales de los Andes en Lima reportaron 38 heridos entre policías y civiles, informó el Ministerio de Interior.
“Este Gobierno no nos representa, es ilegítimo para el pueblo aimara por lo tanto hemos venido aquí para hacer sentir nuestra voz de protesta”, manifestó Ricardo Mamani de 47 años.
“Hemos viajado por 42 horas desde la región de Puno, estamos exigiendo de una buena vez que esta señora dé un paso al costado para que el pueblo esté en paz”, agregó el poblador aimara.
En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.
“Invitamos la intervención de los derechos humanos, no sentimos la presencia del derecho internacional. No hay nadie quien nos defienda”, denunció Mamaní, que vestía de negro en señal de luto por las víctimas de la región Puno.
La crisis también refleja la inmensa brecha que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan al presidente Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el poder de Lima.
En tanto, el enviado especial del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Christian Salazar Volkmann, informó hoy que había pedido información al Gobierno de Boluarte sobre las acciones realizadas “para evitar que estas muertes y heridos se repitan”, tras reunirse con el primer ministro, Alberto Otárola.
Actualmente, casi un tercio del país, que tiene 25 regiones -entre las que se encuentran Callao, Lima y Cusco-, está bajo estado de emergencia hasta mediados de febrero, lo que autoriza a militares a intervenir junto a la policía.