Julieta Padula
Entró en vigencia la Ordenanza 2/21 aprobada por el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú, la cual establece deshacerse de todos los vehículos acumulados en el corralón municipal. El órgano encargado de su ejecución será el Ejecutivo municipal, a quien también se le da la facultad de comercializar la chatarra.
Los vehículos alcanzados por la norma son automóviles y motocicletas secuestrados de la vía pública en procedimientos llevados a cabo por el Municipio, los cuales no fueron retirados por 6 meses, sea porque el conductor no se presentó a retirarla o no acreditó la titularidad o posesión legitima del bien.
La norma aclara que se deberá intimar por edictos durante tres días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación masiva de la provincia a todos los propietarios. En el mismo debe incitar a que en el término de 30 días corridos desde la última publicación, se presenten ante el Departamento Ejecutivo Municipal a fin de retirar los mismos. De no suceder serán posteriormente vendidos.
La subasta de los vehículos a remate será pública y se realizará en el predio municipal donde se encuentran depositados. Un martillero público matriculado, contratado por el Municipio, efectuará la tasación de los bienes, que servirá de base en la subasta inicial. En caso de que no se concrete la venta, se fijará nueva fecha de subasta, que se llevará a cabo sin base inicial, vendiéndose al mejor oferente.