Autoridades de la provincia de Formosa repudiaron la “nueva operación mediática de un multimedio de Buenos Aires” que consistió en la presentación de “un grupo de mujeres de la etnia wichí, embarazadas y escondidas en el monte del oeste provincial, por miedo a realizar aislamientos obligatorios o a sufrir cesáreas compulsivas”.

Más de 80 mujeres se esconden del gobierno de Insfrán por miedo a que las lleven a centros de aislamientos por coronavirus.TN

El Gobierno provincial requirió al procurador general del Superior Tribunal de Justicia de la provincia una “investigación de los hechos denunciados, a fin de que exista claridad y verdad sobre los mismos, debiéndose proceder de oficio en caso que fuera probada la comisión de algún delito de acción pública”, señaló el Gobierno provincial.

“Hasta la fecha no han sido presentadas denuncias formales sobre el trato a embarazadas, por lo que el Gobierno de Formosa repudia la operación mediática”, advirtieron las autoridades provinciales mediante un comunicado.

El Ministerio de Desarrollo Humano también rechazó versiones periodísticas que señalan que “en los hospitales y centros de salud” se les coloca “obligatoriamente” a esas mujeres “un chip para no quedar embarazadas”.

Aseguran que los policías caen a sus comunidades para llevarlas a parir y las separan de sus bebés durante 15 días.TN

El Gobierno formoseño afirmó que “personal de salud del Hospital El Potrillo confirmó que no se han vulnerado los derechos de las embarazadas” y que, incluso “respetando sus decisiones, no se han hecho derivaciones oportunas, pese a tratarse de casos de embarazos de riesgo que ameritaban otro nivel de complejidad en la atención”.

“En situaciones en que no se acepte la derivación o el traslado, el parto hospitalario de riesgo se realiza controlado por una partera, un médico, que pueden socorrer en caso de que suceda algo imprevisto”, manifestó Rosario Buron, profesional del Hospital de El Potrillo.

A su vez, el presidente de la Comisión Vecinal del pueblo del Departamento Ramón Lista, Isaac Palomo, aseguró que “las imágenes que se muestran no son en El Potrillo” y que “es totalmente falso el informe, una mentira y un invento”.

“Los datos sanitarios de los departamentos del oeste provincial desmienten categóricamente lo expresado en esta nueva escenificación realizada en territorio formoseño”, argumentó por su parte Desarrollo Humano.

La cartera aseguró que “se mantuvieron estables” y bajo parámetros de “normalidad” durante un año de pandemia las “tasas de natalidad (que en la población indígena es un 30% mayor a la media provincial), los partos domiciliarios u hospitalarios” y el “acceso de las mujeres formoseñas al programa nacional de planificación familiar”.

“El cumplimiento de las cuarentenas preventivas por parte de las mujeres embarazadas o con hijos menores de edad se realiza con la modalidad domiciliaria en toda la provincia”, aclararon las autoridades locales.

El Gobierno de Formosa subrayó que, “sin perjuicio de que las declaraciones expresadas en el marco de las entrevistas televisadas no se reflejaron en denuncia formal alguna” se requirió una investigación judicial.

A su vez, senadores nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) pidieron que sea convocada la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para que dé información sobre presuntas denuncias de maltratos policiales a mujeres embarazadas de pueblos originarios de la provincia de Formosa.

El jefe del bloque de senadores de JxC, Luis Naidenoff, y su par de Tierra del Fuego, Pablo Blanco, presentaron el pedido, junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y a la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham.

En los fundamentos de la iniciativa, explicaron que “en la zona de El Potrillo, a 700 kilómetros de Formosa Capital, un grupo cercano a 100 embarazadas se esconde en el medio del monte sin luz ni agua durmiendo en carpas de nylon muy precarias, hechas con palos de madera y atadas con alambre”.

El motivo de su ocultamiento —agregaron— es evitar el accionar de la Policía de la provincia que las traslada violentamente a parir en un centro de aislamiento, donde, denuncian, “se les practica una cesárea y se las obliga a permanecer 14 días aisladas sin contacto alguno con sus hijos recién nacidos”.

El proyecto fue acompañado por los senadores María Belén Tapia, Laura Rodríguez Machado, Silvia Elías de Pérez, Guadalupe Tagliaferri, Gladys González, Stella Olalla, Pamela Verasay, Silvia Giacoppo, Mario Fiad, Martín Lousteau, Claudio Poggi, Alfredo De Angeli y Víctor Zimmermann.